Abogada iquiqueña demanda al Estado chileno por crisis ambiental
NACIONAL.- Paulin Silva Heredia, abogada ambiental y residente de Iquique, ha presentado una demanda judicial contra el Gobierno de Chile y la Municipalidad de Alto Hospicio, exigiendo respuestas y acciones frente a la creciente crisis ambiental causada por los "cementerios de ropa" en el desierto de Atacama.
Estos vertederos ilegales, visibles incluso desde el espacio, acumulan toneladas de prendas desechadas provenientes principalmente de Estados Unidos, Europa y Asia. La familia de Silva vive cerca de uno de estos sitios, lo que la motivó a tomar acción legal en 2022, impulsada por su preocupación por la salud de los habitantes y el daño al ecosistema.
La abogada acusa al gobierno de negligencia, omisión y falta de servicio, al permitir que esta situación se agrave durante años. Se estima que entre 11 mil y 59 mil toneladas de ropa usada se desechan anualmente en estos vertederos, aunque no existen cifras oficiales. Chile, siendo el mayor importador de ropa usada en Sudamérica, se ha convertido en el destino final de prendas que no se venden en otros países.
Silva señala que la falta de regulación y control en la importación de estos residuos, sumado al modelo de consumo de "fast fashion" y la ausencia de responsabilidad extendida del productor, han contribuido a esta crisis ambiental. El desierto de Atacama, conocido por su belleza natural y rica biodiversidad, se está transformando en un vertedero tóxico que amenaza la salud de las comunidades locales y el equilibrio del ecosistema.
La abogada propone implementar un lugar adecuado para la disposición final de estos residuos, garantizando que no representen un riesgo para el medio ambiente ni para las personas. Además, exige que se establezcan medidas de control y regulación en la importación de ropa usada, promoviendo un modelo de consumo más sostenible y responsable.
La demanda se encuentra actualmente en proceso judicial, y el Tribunal ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado que proponga medidas de reparación, compensación y mitigación. La comunidad de Alto Hospicio y organizaciones ambientales esperan que esta acción legal genere un cambio significativo en la gestión de residuos textiles y promueva la protección del medio ambiente en la región.
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