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| A centro el abogado Camilo Vergara dialoga con extrabajadores del sistema de "parquímetros" |
Cumplían funciones de cobro de estacionamientos “Parquímetros”
LOCAL. - En los últimos días la Municipalidad de San Carlos fue notificada formalmente de la demanda laboral de ocho trabajadores de la concesionaria San Gabriel que administraba los estacionamientos limitados, donde el municipio es solidariamente responsable.
Cabe indicar que hay otros 22 trabajadores que están a la espera que se concreta el ofrecimiento del municipio de cancelarles directamente, mediante una “transacción” que fue aprobada por el Concejo Municipal.
Este acuerdo inusual fue propuesto por el alcalde al Concejo, aduciendo que se podía pagar lo adeudado por la empresa a los trabajadores, utilizando para este grupo, la garantía de $50 millones, sin juicio laboral de por medio.
Fuera de este acuerdo el municipio dejó a este grupo que decidió seguir el curso legal demandando ante el Tribunal Laboral a la empresa y solidariamente al municipio.
La demanda de los ocho trabajadores, representada por el abogado Camilo Vergara, es por tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido, nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales y previsionales en régimen de subcontratación.
Como se recordará el municipio tomó la decisión a través del alcalde (S) de terminar la concesión con la empresa San Gabriel y el sábado 9 de marzo al mediodía, notificó mediante funcionarios municipales a los trabajadores que debían abandonar las faenas.
Al tercer día de ocurrido esto, la empresa por su lado, notificó a los trabajadores del término de la relación laboral por no concurrencia a sus labores.
También hay que consignar que el municipio, a través de su inspector técnico, debía cumplir cada 30 días con informar de la regularidad de dicha concesión, sin embargo, se ha establecido que existen deudas previsionales por períodos mayores, incumplimientos que no fueron denunciados.
También los trabajadores alegan que la empresa les adeuda prestaciones laborales y previsionales.
En suma, una treintena de familias sancarlinas viven hasta el día de hoy la cesantía producto de estos hechos que, por un lado, busca salida mediante una transacción y por otra a través de los tribunales.