REGIONAL.- (ladicusion.cl).- Para este lunes 7 de diciembre fue fijada la audiencia de formalización del alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, por los delitos de usurpación de aguas y desacato, en el marco de la querella criminal interpuesta en 2015 por la Junta de Vigilancia del río Diguillín (JVRD), por el uso ilegal de 15 vertientes en la zona de las Termas de Chillán.
También serán formalizados el gerente general de Nevados de Chillán -concesionaria del dominio esquiable de la Municipalidad de Chillán-, Manuel Dinamarca; así como de los socios de la firma, Guillermo Ruiz, Darío Benucci y Giorgio Benucci.
Esta vez no será postergada, como ocurrió en ocasiones anteriores -originalmente la audiencia debía realizarse en junio-, ya que el Juzgado de Garantía rechazó este viernes las solicitudes de los denunciados, quienes habían pedido un nuevo aplazamiento.
En el caso de la defensa de Sergio Zarzar, los abogados Carolina Zuleta y Christian Hansen solicitaron una nueva fecha para la audiencia, argumentando que el lunes el alcalde debe presidir la sesión de Concejo Municipal, que “la solicitud de copia de la carpeta de investigación se encuentra en tramitación”, y que “todos los intervinientes se encuentran explorando preliminarmente y de manera conjunta, condiciones que permitan concluir anticipadamente la presente causa”.
En cuanto a la defensa de Guillermo Ruiz y Manuel Dinamarca, la abogada Bárbara Salinas solicitó un aplazamiento argumentando que “actualmente se encuentra en fase de redacción y de ajustes finales, un contrato de transacción entre mis representados y las víctimas”, razón por la cual la defensa “considera fundamental que al momento de realizarse la audiencia de formalización dicho acuerdo esté afinado, dada su relevancia para las decisiones que puedan ser adoptadas”.
Antecedentes
La formalización de mañana tiene su origen en la querella criminal por usurpación de aguas presentada en abril de 2015 por la JVRD, organismo que representa a más de 2.200 agricultores de la Región de Ñuble, en la cual se imputa tanto al alcalde como a los representantes de la concesionaria, de haberse apropiado durante años de las aguas, cuyos titulares son los miembros de la Junta.
En el ámbito civil, en noviembre de 2017 la Corte Suprema acogió el recurso de casación que presentó la JVRD con el que se anulaba la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán, que había absuelto al municipio local de las demandas para que cesara de extraer agua de 15 vertientes. En diciembre de 2014 y febrero de 2015 la JVRD presentó 15 denuncias contra la Municipalidad de Chillán ante la Dirección General de Aguas (DGA).
Todas estas denuncias fueron acogidas por la DGA, que verificó que la Municipalidad no es titular de derechos de aguas en las 15 vertientes, como también, determinó que las obras de captación no están autorizadas, para luego enviar las denuncias con el objeto de aplicar la multa; y se ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para la investigación del delito de usurpación de aguas.
En ese contexto, la JVRD solicitó el 23 de septiembre de 2019 ampliar la querella criminal presentada contra el jefe comunal, e incluir el desacato, debido a que si bien la Corte Suprema ordenó en 2017 cesar de inmediato las captaciones y desmantelar las obras que se construyeron para ello, a la fecha se continúan utilizando dichos afluentes para abastecer las instalaciones, según acreditaron las diligencias realizadas de la PDI.