NACIONAL.- ( theclinic).-Bajo los gobiernos de Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y -en dos ocasiones- Michelle Bachelet, se formularon los cuatro proyectos de ley más importantes de los últimos 20 años para modificar el sistema de pensiones.
Sin embargo, pese a los rótulos, las distintas aventuras que tuvo cada uno de ellos en el Congreso y decenas de otros proyectos presentados en la materia, lo cierto es que los principios del modelo se han mantenido prácticamente estables. En diálogo con The Clinic, el ex presidente de la DC, Ricardo Hormazábal, explica las razones detrás de que las AFP se mantuvieran prácticamente intocables desde su creación en los años '80.Si bien desde el año 2000 se han presentado decenas de proyectos de ley en torno al sistema de pensiones, cuatro son consideradas las reformas principales del siglo XXI: La de Lagos (2002), la de Bachelet I y II (2008 y 2017) y la de Piñera (2020).
Consultado el abogado Ricardo Hormazábal sobre estas cuatro iniciativas (dos aprobadas, una rechazada y otra en trámite) su respuesta no tarda en llegar: “La misma jeringa con distinto bitoque”.
Para el ex presidente de la Democracia Cristiana (2000-2001) y ex senador (1990-1998), dichas reformas representan “ese viejo dicho que se utiliza para decir que estás haciendo lo mismo, pero le estás colocando algún elemento adicional. El hecho fundamental es que se mantuvo la estructura”.
Ricardo Hormazábal. Foto: Agencia UNO
Para Hormazábal, la resistencia a los cambios que ha presentado la estructura del sistema de pensiones chileno no tiene que ver con amarres institucionales de ningún tipo, sino a un consenso ideológico en torno a la idea de José Piñera de que la seguridad social es un “ogro filantrópico” -dice aludiendo al libro “El cascabel al gato” (1991) del ex ministro de Pinochet- y que los privados supuestamente son más eficientes que el Estado.
“El sistema de pensiones está radicado en el decreto ley 3500. Las AFP no están protegidas por la Constitución, sino por los gobiernos que no quisieron hacer cambios. Si el Presidente estuviera dispuesto a mandar una ley, necesita mayoría simple”, explica.
LA REFORMA DEL 2002
Durante la primera parte de su Gobierno, Ricardo Lagos instaló el tema previsional como parte de su agenda. Su reforma primero flexibilizó el mecanismo de ahorro voluntario y luego creó los multifondos (los cinco actuales: A, B, C, D y E), permitiendo a los cotizantes elegir el riesgo al que querían exponer sus ahorros.
El fondo A, el más riesgoso, tiene un límite máximo de inversión del 80% de los activos en renta variable, mientras que el fondo E, el más conservador, invierte sus instrumentos principalmente en renta fija. La ley establece una tasa mínima y máxima de retorno para cada uno de ellos, definido por el promedio de los últimos tres años de ganancias de toda la industria.
Hormazábal relata que, con esta normativa, el entonces mandatario “metió de contrabando la famosa comisión fantasma, que no es fantasma, porque los fantasmas no existen. Gracias a esta comisión, las AFP nos expropian sin informarnos 500 millones de dólares al año”.
Para el abogado, el respaldo al modelo de AFP era más o menos transversal. “Piensa que la comisión fantasma la metió Lagos, siendo ministro del Trabajo el socialista (Ricardo) Solari, ministro de Hacienda (Nicolás) Eyzaguirre y siendo ministro de Economía el Pepo (José) de Gregorio”.
“Cuando yo era presidente de la DC, le llevé al Presidente una propuesta para cambiar el sistema de AFP. Yo tenía al 66% del partido detrás, pero ocurrió que Lagos era partidario del sistema y no estaba dispuesto a hacerle cambios. Tampoco los liberales de mi partido ni los socialistas. Así que nos quedamos con el sistema y, los que estábamos en contra, fuimos expulsados, derrotados y marginados de los cargos”, lamenta.
Años después, Lagos también modificó la Ley de Rentas Vitalicas, que alteró indirectamente al sistema de pensiones, ya que permitió a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) hacer cada año el cálculo de esperanza de vida de los chilenos, lo que va disminuyendo la pensión de retiro programado.
LA REFORMA DEL 2008
Tras 20 años de la puesta en marcha del modelo de AFP, comienzan a aflorar los primeros signos de crisis en términos de cobertura, brechas de género, lagunas previsionales, baja densidad de cotización y, lo más importante, montos insuficientes de las pensiones.
Un hito importante fue el seminario organizado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) el 2005 que logró congregar a los cuatro candidatos presidenciales de entonces: Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Joaquín Lavín y Tomás Hirsch, y donde se pudieron contrastar sus distintas visiones sobre el sistema.
Ya en la Presidencia, Bachelet conformó la llamada Comisión Marcel, un Consejo Asesor Presidencial sobre el sistema de pensiones encabezado por el economista Mario Marcel, y cuyo informe significó la base del proyecto de ley que presentaron a fines del 2006, cuya redacción se atribuye al entonces ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, y al director de Presupuestos, Alberto Arenas.
Durante su paso por el Senado, buena parte de las normativas que regulaban el sistema de AFP fueron sacadas del proyecto tras un acuerdo gestionado por Camilo Escalona (PS) con legisladores de oposición liderados por Evelyn Matthei (UDI), Andrés Allamand (RN) y Pablo Longueira (UDI).
Su aprobación fue prácticamente unánime tras un año de trámite legislativo. La reforma promulgada creaba el pilar solidario, iniciativa que subvenciona las pensiones del 60% más pobre de la población adulta mayor, a través de una Pensión Básica Solidaria entregada por el Estado, y que se complementa con el Aporte Previsional Solidario.
Para Hormazábal, el pilar solidario “ideológicamente es lo mismo que promovía José Piñera, de que las pensiones para los pobres se paga con fondos del Estado”. De hecho, poco antes de asumir como ministro del Trabajo de Pinochet, Piñera redactó una columna en revista Ercilla donde llamaba a que “el Estado asuma la función social de la previsión”, lo que para él significaba: Dar libertad para ahorrar, obligarlo a hacer por un monto mínimo, regular el sistema y otorgar una previsión a los más pobres.
EL PROYECTO DEL 2017
El 2015 fue un año clave. El movimiento No+AFP comienza a tomar fuerza y se convocan masivas protestas que incluso contaron con el respaldo del Premio Nobel de Economía (2001), el estadounidense Joseph Stiglitz.
Paralelamente, y tras un año de trabajo, la Comisión Bravo -Consejo Asesor Presidencial encabezado por el economista David Bravo- presenta su informe final con un importante disenso: la mitad de los comisionados estaba de acuerdo con mantener el sistema de AFP y la otra mitad con transformarlo.
David Bravo. Foto: Agencia UNO
Dicho informe se tradujo en tres proyectos de ley presentados por el Gobierno en agosto del 2017, que implicaban un 5% de cotización adicional con cargo al empleador, donde un 3% sería destinado a las cuentas individuales y un 2% a la creación de un fondo de ahorro colectivo solidario. Su aplicación sería gradual por un período de cinco años y que estaría vigente a partir del año 2023.
Hormazábal destaca que precisamente esta reforma introducía “un componente nuevo, que era el aporte patronal. Por primera vez se comenzaba a colocar aporte patronal en el sistema de pensiones”.
El proyecto fue aprobado a fines de enero por la Cámara de Diputados. Sin embargo, debido a la ausencia de algunos parlamentarios se cayeron todas las normas importantes al no cumplir con los quórum requeridos. Además, la oposición votó en bloque en contra de la iniciativa.
Dos años y medio después, el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, reconoció en el programa Mentiras Verdaderas que “nosotros le bloqueamos el proyecto a la presidenta Bachelet, así de simple, y hoy nos damos cuenta que el proyecto no era nada de malo y se bloqueó por un sector que rechazaba un sistema mixto”.
EL PROYECTO DE PIÑERA
En enero del 2020, el Presidente Sebastián Piñera presentó su propio proyecto de reforma previsional y consiste en la creación de tres pilares: el solidario, financiado por el Estado; el de ahorro individual, financiado por empleadores y trabajadores; y el de ahorro colectivo, financiado por empleadores y con aporte inicial estatal.
El corazón de la propuesta de Piñera se basa en un 6% de cotización adicional con cargo al empleador, donde un 3% estará destinado a las cuentas individuales de cada trabajador y el otro 3% a la creación de un fondo de ahorro colectivo que será administrado por una institución pública autónoma.
El mandatario aseguró que esta reforma garantiza “que ningún pensionado quede por debajo de la línea de pobreza” y que “las pensiones de aquellos que hayan cotizado por 30 años o más, estén siempre por encima del monto actual del salario mínimo, expresado en UF”.
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