Cartas al director By Carolina Marín Bastías Febrero 28, 2019 Desde que existen registros documentados de nuestra región –o al menos el territorio que la comprende-, se han registrado un sinnúmero de catástrofes naturales.
Terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, incendios forestales entre otros, han formado parte de nuestra identidad local. Sin embargo, en el último punto señalado, es donde la situación se repite año a año sin lograr asumir las responsabilidades compartidas, que van un poco más allá de solo culpar a nuestro entorno natural.
Ante eso, no resulta difícil identificar cuáles son las zonas de riesgo en la región. El incendio de interfaz –aquel que pasa de ser forestal a afectar a la población humana-, es más propenso en la zona de la Depresión Intermedia (que en este sector adquiere el nombre de Valle Longitudinal). La gran mayoría tenemos en la memoria el fuego que devastó más de 28 mil hectáreas por días interminables en las comunas de Quillón, Florida, Ránquil, San Rosendo y alrededores en el verano del año 2012, y en el año 2017 los megaincendios que afectaron a todo el país y en que Ñuble no fue la excepción, afectando a la mayor parte de la región, por sobre todo Ñipas, Bulnes, Quillón y otras comunas en las que se consumieron cerca de 87 mil hectáreas de bosques, cosechas y viviendas (la cifra comprende a la región del Bío Bío para esos años), sumiendo a toda la población en un pánico colectivo.
Frente a estos antecedentes, y la considerable cantidad de incendios ocurridos esta temporada estival en lugares como Pemuco, Trehuaco, Bulnes, Pinto, Chillán, entre otros–que produjeron cifras y pérdidas espantosas-, cabe preguntarse, qué medidas toma el Estado y las instituciones privadas para evitar y combatir el fuego. En nuestro país la cultura de prevención de los incendios forestales ha sido mínima. Recién hacia 1931 se promulgó la Ley de Bosques, la cual tenía como fin regular temas como producción, distancia y especies que se debían mantener para evitar el fuego, pero con un objetivo que beneficiaba más a la industria forestal, que a la población circundante. En lo relativo al combate, hasta 1970, no existían organizaciones dedicadas a esta labor, siendo civiles, bomberos, carabineros y fuerzas armadas, que sin instrucción especializada debía hacer el intento de apagar el fuego. A partir del año señalado, se crea la Conaf, quien tiene entre otras tareas, encargarse de combatir los incendios que afectaban a los bosques del país. Esta institución no ha sido atendida como se debe, claro ejemplo de esto fue la huelga de brazos caídos que efectuaron los brigadistas hace unos pocos días en el sur.
Por lo tanto, ante la interrogante planteada, solo queda volver al principio y dejar claro que el mayor responsable de evitar, promover y combatir esta amenaza socioambiental es la población civil. Durante este verano, se decretaron siete alertas tempranas preventivas y una alerta amarilla en la región por incendios forestales. Hay un sinnúmero de medidas para no volver a repetir o al menos disminuir el surgimiento de los incendios forestales, que dañan al medio ambiente y a nosotros mismos quienes convivimos a diario en este entorno, y que los perjudicados, ya lo ha dejado claro la historia, somos todos.
Carolina Marín Bastías
Magíster en Historia Política