Reunidos en comisión el pasado viernes los ediles del concejo municipal de San Carlos acordaron llevar los antecedentes del permiso con que funcionó un pub, ante la Contraloría Nacional.
Cabe consignar inicialmente que la empresa comercial accedió al municipio para solicitar una patente, la cual no fue posible otorgar por tener requisitos pendientes y además por el hecho de que la misma normativa municipal prohíbe su funcionamiento en ese sector residencial, ante ello se le ofreció un permiso precario, con el cual desde el mismo día uno de septiembre este local comenzó a funcionar, permiso que fue otorgado para "ramada", y con el cual el local nocturno funciona hasta la fecha.
El caso burla todas las normativas sobre el particular, ya que se le cobró 1/4 de UTM por todo el mes, a diferencia de los cobros que triplicaban esa cantidad en las ramadas y además por el hecho de que este permiso, con motivo de fiestas patrias, puede ser otorgado a una institución u organización vecinal solo y hasta por tres días, en este caso se habría hecho por el mes completo.
Aun cuando el concejo en su sesión del pasado jueves 20 determinó que dicho permiso debía ser revocado, solo se sabe de un llamado informal donde le habría comentado al empresario la decisión del cuerpo colegiado.
Un antecedente no menor es que la propiedad donde funciona el pub, fue hasta hace poco la residencia del alcalde Hugo Gebrie y correspondería a un bien de su familia.
La documentación del caso que no había sido entregada a los concejales pese a la insistencia, llegó al concejo recién el pasado día 20 y en ella se puede apreciar que en los antecedentes no aparece la firma del alcalde, lo que resulta más grave aún, ya el empresario habría sido atendido directamente en la alcaldía.
El informe de Carabineros, que también fue analizado en el concejo municipal, establece que en el lugar no debería venderse alcohol, aun cuando es determinación municipal acatar o no la sugerencia de Carabineros.
Si bien los ediles en reunión de comisión el pasado viernes, acordaron denunciar los hechos ante la Contraloría en Santiago, la responsabilidad administrativa es la que se debe aclarar, ya que este hecho aparece reñido con las buenas prácticas administrativas y al filo de la legalidad.