Publicado: Sábado, 17 Junio 2017 07:08 Escrito por Mario San Martin
Solo en la región del Bío Bío, el Estado dispone de 188 viviendas por las que, en total, percibe solo 6 millones de pesos a final de mes.
¿Cómo puede ser que un funcionario público que recibe varios millones de pesos de ingreso mensual pague un arriendo que no supere los 60 mil pesos?
Un reportaje publicado este viernes por Radio Bio Bio, revela que varios funcionarios de la Región del Bío Bío como el abogado del Gobierno Regional (GORE), Jorge Díaz Obando, el también abogado Nicolás Asiaín Madariaga, profesional de la unidad jurídica del GORE, o el contador auditor de la Intendencia de la misma región, Alejandro Ruiz–Tagle Geoffroy, tienen el privilegio de pagar poco más de 47 mil pesos de arriendo.
Según el medio, existe una herramienta legal regulada por la ley 18.834 sobre el estatuto administrativo que permite que un funcionario tenga derecho a ocupar con su familia, gratuitamente, la vivienda que exista en el lugar en que funcione la institución, “cuando la naturaleza de sus labores sea la mantención o vigilancia permanente del recinto y esté obligado a vivir en él”. La ley establece que los funcionarios que ocupen viviendas fiscales pagarán el 10 por cuento de su sueldo como una especie de “arriendo” al fisco.
Sin embargo, y ahí está la clave de la cuestión, “no se especifica que dicho porcentaje se refiere al sueldo base y no al sueldo final que reciben los a fin de mes”.
Hace unos años, era el Ministerio de Bienes Nacionales el que administraba las casas fiscales, pero la normativa cambió y todo quedó centralizado en los Gobiernos Regionales, es decir, son los Intendentes quienes administran estas viviendas.
Según el jefe de Administración y Finanzas del Gobierno Regional del Bío Bío, Freddy Neira, quien está cargo de revisar el proceso de asignación de viviendas fiscales -aunque quien autoriza el trámite final es el Intendente-, explicó que “si hubiese más de un postulante a una vivienda se establece la situación socieconómica. Nosotros recibimos postulaciones dentro de la disponibilidad de las viviendas que existe”.
Además, Neira reconoció que la ley no establece límite de tiempo para habitar estas casas, por lo que se está revisando la posibilidad de establecer “un plazo perentorio de ocupación de 5 a 10 años” porque “hay viviendas que se entregaron en la década de los 80. Hay casos en que se superan los 30 años”.
Solo en la región del Bío Bío el Estado dispone de 188 viviendas por las que, en total, percibe solo 6 millones de pesos cada mes.