Ahora fue la Corte de Apelaciones de Chillán quien se pronunció en un juicio laboral que lleva más de 1 año.
Por voto unánime la Corte de Apelaciones de Chillán, rechazó un recurso de nulidad presentado por la municipalidad de San Carlos y ratificó lo dictaminado por el juzgado del trabajo que el pasado 17 de diciembre último, dictó sentencia en la causa "Vera Cortés con Municipalidad de San Carlos" donde se obliga al municipio local a pagar una millonaria indemnización a la funcionaria María Eugenia Vera, Jefa de finanzas del DAEM.
El nuevo dictamen de la corte de apelaciones conocido este martes 16 establece que de acuerdo a la ley que rige a la Contraloría, que sus dictámenes son obligatorios y que la municipalidad no cumplió con lo ordenado por este ente contralor, el que invalidó la investigación sumaria dado que la funcionaria fue objeto de una investigación viciada que dio origen a la destitución, y que cuando se presentó a trabajar fue conminada a hacer abandono de sus labores bajo amenaza de llamar a la fuerza pública, por lo cual recurrió a tribunales.
Lo anterior fue acreditado por testigos y por la propia confesión del alcalde (S) Ricardo Asfura, prueba coherente de que la funcionaria fue amenazada y que hasta la fecha no se le ha permitido retornar a sus funciones, pese a lo resuelto.
La Corte ratifica el fundamento del fallo de la Jueza titular del Juzgado del Trabajo de San Carlos, Débora Riquelme Contreras, al acoger la vulneración de derechos constitucionales y el pago de indemnización adicional y que no existe ninguna prueba presentada por la municipalidad que justifique el actuar de esta.
En resumen el tribunal de alzada corrobora la sentencia definitiva dictada el diecisiete de diciembre último que acogió con costas la demanda de tutela laboral de derechos fundamentales, interpuesta por la funcionaria María Eugenia Vera Cortés en contra de la Municipalidad de San Carlos, por haber vulnerado la garantía fundamental de integridad física y psíquica de la actora y de su libertad de trabajo, ordenándose cumplir a la Municipalidad lo ordenado por la Contraloría en el sentido de retrotraer el sumario a la etapa de precisar e indicar a la inculpada los hechos que le reprochan, si no lo hubiere efectuado a esta fecha, además de pagar una indemnización adicional que asciende a la suma de $17.600.000, correspondiente a 11 meses de remuneración a razón de $1.600.000, y además se le condena al pago de las costas que se fijan en $2.500.000
Cabe indicar que el alcalde Hugo Gebrie, en este caso, ordenó un nuevo sumario en contra de la funcionaria, donde actuó como fiscal Anivaldo Núñez, directivo municipal, cuyo resultado fue favorable para la funcionaria.
Posteriormente el municipio envió los antecedentes a la Contraloría y pidió que ese organismo realizara el sumario a la profesional, solicitud que le fue denegada y además se le representó que tal solicitud llevase la firma del subrogante (Asfura) cuando la misma contraloría, cuestionó la permanencia del administrador Ricardo Asfura en el servicio por falta de requisitos para el cargo de administrador.
La municipalidad argumenta para enviar el sumario a la contraloría regional que no cuenta con profesionales idóneos en materia contables, lo cual es más que cuestionable.
El abogado de la parte demandante, Roberto San Juan Acuña, sostiene que la Corte de Apelaciones de Chillan no hace mas que confirmar que en el proceso se acreditó fehacientemente que la Municipalidad de San Carlos ha vulnerado los derechos fundamentales de su representada. También destaca que el recurso fue rechazado de forma unánime: "La Corte rechazó en todas sus partes las diversas causales esgrimidas por el abogado de la Municipalidad de San Carlos, y en consecuencia se mantiene íntegramente la sentencia que condena a la municipalidad a pagar solo por concepto de indemnización la suma de 17.600.000".
La municipalidad argumenta para enviar el sumario a la contraloría regional que no cuenta con profesionales idóneos en materia contables, lo cual es más que cuestionable.
El abogado de la parte demandante, Roberto San Juan Acuña, sostiene que la Corte de Apelaciones de Chillan no hace mas que confirmar que en el proceso se acreditó fehacientemente que la Municipalidad de San Carlos ha vulnerado los derechos fundamentales de su representada. También destaca que el recurso fue rechazado de forma unánime: "La Corte rechazó en todas sus partes las diversas causales esgrimidas por el abogado de la Municipalidad de San Carlos, y en consecuencia se mantiene íntegramente la sentencia que condena a la municipalidad a pagar solo por concepto de indemnización la suma de 17.600.000".
Las 5 causales de nulidad presentadas por el abogado José González de la Municipalidad, fueron rechazadas íntegramente una a una, por el pleno de la Corte de Apelaciones.
Finalmente el abogado San Juan señala que su parte se encuentra absolutamente conforme con lo resuelto por el Tribunal de Alzada, esperando que se cumplan los plazos de rigor.