El presidente de la Asociación Gremial de Ginecólogos Obstetras de la Provincia de Ñuble, Francisco Baldecchi Quezada,
afirmó que respetarán el fallo de la Corte Suprema, que el jueves pasado condenó a 25 profesionales por coludirse para fijar aranceles mínimos de sus prestaciones, a pagar multas que van desde 1,66 Unidades Tributarias Anuales ($895.503) hasta 9,52 UTA ($5.135.659)
De esta forma, confirmó el fallo de abril de 2015, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tras la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), de octubre de 2013, así como también ordenó la disolución de la entidad gremial.
De esta forma, confirmó el fallo de abril de 2015, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tras la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), de octubre de 2013, así como también ordenó la disolución de la entidad gremial.
"Desde el momento que nosotros nos defendimos, consideramos que (la acusación) era injusta. Nosotros consideramos que no (hubo colusión), pero la justicia opera de alguna forma, las pruebas de nosotros con las de otros...", expresó el médico.
En octubre de 2013, estos especialistas fueron acusados por la FNE de haber ejecutado y celebrado un acuerdo destinado a fijar el precio mínimo de sus consultas médicas y procedimientos quirúrgicos (principalmente partos y cesáreas) a los pacientes, en el contexto de la negociación de la renovación de sus convenios con las isapres.
Como se recordará, la FNE inició una investigación en junio de 2012, a petición del entonces diputado Felipe Harboe, y acusó formalmente, en octubre de 2013, a 25 ginecólogos de la provincia ante el TDLC por colusión, debido a que según arguyó la Fiscalía, desde enero de 2012 los especialistas pusieron fin a sus contratos individuales con las isapres de manera concertada y simultánea, porque éstas no aceptaron el alza de los aranceles que los especialistas planteaban, e hicieron efectiva el alza conjunta de sus tarifas al público, poniendo fin conjuntamente a la venta de sus atenciones con bono, y estableciendo aranceles mínimos para sus distintas prestaciones.
Como se recordará, la FNE inició una investigación en junio de 2012, a petición del entonces diputado Felipe Harboe, y acusó formalmente, en octubre de 2013, a 25 ginecólogos de la provincia ante el TDLC por colusión, debido a que según arguyó la Fiscalía, desde enero de 2012 los especialistas pusieron fin a sus contratos individuales con las isapres de manera concertada y simultánea, porque éstas no aceptaron el alza de los aranceles que los especialistas planteaban, e hicieron efectiva el alza conjunta de sus tarifas al público, poniendo fin conjuntamente a la venta de sus atenciones con bono, y estableciendo aranceles mínimos para sus distintas prestaciones.
La Fiscalía exhibió correos electrónicos y actas que demostraban que la decisión fue adoptada en la primera asamblea de la asociación gremial, realizada el 23 de noviembre de 2011, donde los asociados habrían acordado terminar conjuntamente sus convenios con isapres y fijar un arancel mínimo, lo que también permitió demostrar que la entidad gremial fue creada con este fin, razón por la cual se solicitó su disolución.
"El problema era con las isapres"
"El problema era con las isapres"
Según la defensa de los ginecólgos, que negó la colusión, en la mencionada asamblea se dejó en libertad de acción a cada profesional y por lo tanto, negó que la asociación gremial haya sido creada para facilitar la colusión. En ese sentido, sostuvo que la FNE solo tomó en consideración uno de los aspectos tenidos en cuenta al momento de crear la asociación, "y lo hace de manera errada", que es el referido a "la búsqueda de condiciones profesionales adecuadas, atendida la situación de desequilibrio de poder de mercado que existe entre los ginecólogos y las isapres", lo que impide, en la práctica, negociar individualmente con estas instituciones.
Baldecchi afirmó que "nosotros estamos tranquilos, porque lo que nosotros no hemos hecho nunca es ir en contra de nuestros pacientes. Eso lo tenemos ultra súper claro; nunca dejamos de atender por Fonasa y eso lo seguimos haciendo, el problema era con las isapres. Y nosotros, esto lo tenemos súper claro, el fallo se dio y son las reglas del juego, y aceptamos lo que dice la justicia, o sea, el escarnio público ya está hecho, qué le vamos a hacer, no voy a entrarle a explicar a cada una de las personas cómo es la situación", concluyó.
En su sentencia, la Corte Suprema señala que "los implicados cometieron una infracción de gravedad extrema, habida cuenta de su naturaleza, de sus repercusiones concretas en el mercado de prestación de atenciones sanitarias y de la dimensión del mercado geográfico afectado".
El máximo tribunal agrega que "la fijación de los precios afectó las reglas de la competencia permitiendo a los requeridos prever que infaliblemente obtendrían un beneficio económico, de lo que se sigue que el interés económico se sobrepuso a la dignidad humana y a la salud de las personas".
Harboe valoró fallo
Harboe valoró fallo
Por su parte, el senador Felipe Harboe valoró la decisión de la Corte Suprema "al considerar que ésta adoptó acuerdos colusorios, afectando un servicio de primera necesidad para las mujeres de la provincia".
El parlamentario fue enfático en apuntar que la denuncia contra la colusión de ginecólogos apunta hacia "una actitud inaceptable en un servicio de primera necesidad como es la salud de las mujeres de Ñuble".
El parlamentario fue enfático en apuntar que la denuncia contra la colusión de ginecólogos apunta hacia "una actitud inaceptable en un servicio de primera necesidad como es la salud de las mujeres de Ñuble".
"Valoramos que hayan sido condenados en todos sus puntos y se haya ordenado la disolución de la Asociación Gremial de Ginecólocos de Ñuble", señaló Harboe, quien agregó que "creemos que estamos cumpliendo con el rol de defender a las mujeres de la Provincia de Ñuble".
fuente:ladiscusion.cl