Persecutor dijo que Valero resolvió y que ella "consintió" en sumar "facturas ideológicamente falsas".
"Los imputados Mauricio Valero y Natalia Compagnon, en su calidad de socios y representantes legales de Caval, emplearon durante los años 2012, 2013 y 2014 procedimientos dolosos encaminados a desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas por la sociedad o burlar el impuesto que como contribuyente le correspondía pagar", dijo el fiscal Sergio Moya, al formalizar a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.
La jornada implica una comunicación formal de que los imputados están siendo investigados. En los meses posteriores el Ministerio Público decidirá si acusa o no a las personas presuntamente involucradas y recién tras ello podría o no haber juicios en contra de todos o parte de los acusados.
De esta manera, la compra y venta de unos terrenos en Machalí por la empresa de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, dio un avance clave en tribunales, prácticamente un año después de que fuera destapada por revista Qué Pasa. Una transacción que generó un fuerte impacto en el puzzle político del país (ver entrevista a Juan Carvajal en página) y en la aprobación de la propia Mandataria.
El pase del fiscal a su ayudante
El pase del fiscal a su ayudante
El titular de la causa, el fiscal regional Luis Toledo, había encabezado el procedimiento de comunicación de cargos a casi todos los 13 imputados, incluso por delitos tributarios.
Sin embargo, cuando llegó el turno de Compagnon, dejó la tarea a su ayudante. Moya detalló: Los procedimientos dolosos se dieron "al haber resuelto el primero (Valero) y consentido la segunda (Compagnon) el registro e incorporación en la contabilidad de la sociedad (Caval) de facturas ideológicamente falsas y la presentación de impuestos maliciosamente falsas correspondientes a los años tributarios 2013, 2014 y 2015".
Moya explicó que, al parecer del Ministerio Público, las facturas cuestionadas y fechadas entre 2012 y 2014 son 12. Ellas fueron otorgadas a Caval por la sociedad Lo Beltrán del UDI Patricio Cordero, por trabajos supuestamente no realizados y "con el objeto de justificar el egreso o salidas de dineros de la sociedad Caval Limitada".
De esta forma, Caval y sus socios habrían causado un perjuicio fiscal avaluado en $ 118.602.912.
Por esta situación, al cierre de esta edición a Compagnon se le aplicaron las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse al resto de los imputados (con excepción de su socio Valero).
Las demás formalizaciones
Por esta situación, al cierre de esta edición a Compagnon se le aplicaron las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse al resto de los imputados (con excepción de su socio Valero).
Las demás formalizaciones
A eso de las 9:30 horas, el fiscal Luis Toledo dio curso a la formalización, explicando que en 2011 la sociedad Wiessner SA (ex dueña de los terrenos de Machalí) atravesó por problemas económicos, que la llevaron a proponer un convenio judicial preventivo, lo que fue respaldado por sus abogados Matías Ovalle y Daniel Huerta.
El convenio lo condujo el síndico de quiebras Herman Chadwick, quien por disposiciones expresas no podía obtener más ganancias que las contempladas en la tabla legal y que además debía informar de contrataciones que tuviera que hacer para gestionar un cambio del uso de suelo en la zona, que permitiera aumentar el precio de los campos a vender. Esos egresos debían además ser aprobados por la junta de acreedores.
Sin embargo, según la fiscalía, Chadwick contrató los servicios del ex operador UDI Juan Díaz, sin aprobación de la junta, pagándole $ 415 millones, "distrayendo dineros de Wiesner S.A., contrariando estipulaciones del convenio y normas del código de comercio".
Toledo enfatizó que tanto dinero fue a parar a manos "de una persona sin profesión, sin oficina, ni trabajadores y que no timbraba (impuestos) en los últimos años, habiendo timbrado la última vez en 1989".
Dijo que el síndico intentó justificar los pagos mediante documentos y contratos "suscritos fraudulentamente", parte de los cuales fueron redactados por la síndico suplente, Mariclara González, quien trabaja en la oficina de Chadwick y que también hoy fue.
Luis Toledo también relató en el tribunal que los acreedores sólo se enteraron de los gastos no autorizados cuando personal de la oficina del síndico le pidió dar el visto bueno a su cuenta en marzo de 2015, a lo que ellos se negaron.
El fiscal agregó que una vez que las tierras fueron vendidas a Caval en $ 6.500 millones, Chadwick habría solicitado un "premio" indebido de $ 96 millones a una de las sociedades de Wiesner S.A., Helga Rifart. Ella habría pagado el monto a través de una sociedad perteneciente a un ingeniero que trabaja en la oficina de Chadwick: Andrés Orchard, quien también fue formalizado.
Según el fiscal, parte de los $ 96 millones quedaron para Chadwick, otro tanto para Orchard, casi la mitad fueron para los abogados de Wiesner S.A., Matías Ovalle y Daniel Huerta, también formalizados esta jornada.
El grupo municipal
El fiscal también formalizó a un grupo de personas ligadas a la Municipalidad de Machalí, desde donde se habría promovido maliciosamente el cambio de uso de suelo, con el fin de aumentar el valor de las tierras que compró y vendió Caval.
Al respecto, el fiscal dijo que Juan Díaz, por encargo del síndico, promovió el ingreso a la municipalidad de la sobrina de Patricio Wiesner, la arquitecta Cynthia Ross. Una vez dentro, le habría realizado una serie de pagos tanto a ellas, como al director de Obras Municipales, Jorge Silva.
La mujer recibió $ 61 millones y el hombre $ 55 millones. Parte de los pagos fueron concretados a través de la esposa de Silva Menares, Marisol Navarrete.
Por lo anterior, Díaz fue formalizado por soborno reiterado; Ross y Silva por cohecho reiterado y Navarrete como cómplice de cohecho reiterado.
Delitos tributarios del síndico
En la jornada, el síndico de quiebras Chadwick también fue formalizado por declaración maliciosa de impuestos y por haber realizada una omisión de ingresos tributarios (no habría pagado impuestos por el "premio").
Por René González y Malú Urzúa