Durante la operación del embalse Punilla
Mario Arzola, regante del canal Lilahue,
advirtió que no se entregará el caudal comprometido, por lo que el beneficio
del embalse será menor.
A partir de la próxima semana comenzará a
implementarse un programa de difusión y capacitación a los regantes del área de
influencia del futuro embalse Punilla, organizado por la Junta de Vigilancia
del río Ñuble, que tiene como objetivo dar a conocer los beneficios del
megaproyecto, así como también los aspectos técnicos, económicos, legales,
hidrológicos y agronómicos, de cara a las próximas etapas clave que debe
cumplir el proceso de licitación, en que la apertura de las ofertas técnicas
está prevista para el 30 de septiembre, y de las ofertas económicas, para el 21
de octubre.
Ello, debido en buena medida a que entre los
actuales regantes existe bastante incertidumbre respecto de los reales
beneficios del futuro embalse, particularmente respecto de la prioridad que
tendrá el riego durante su operación.
Al respecto, Mario Arzola Acuña, constructor
civil y uno de los regantes del canal Lilahue, expresó que hay mucha
desinformación y que a la luz de la información disponible, específicamente las
bases de licitación del embalse, “el proyecto requiere de perfeccionamientos,
puesto que así como se están definiendo los aportes a los regantes que compren
acciones tipo A, el beneficio del embalse no será relevante para nosotros, sino
que más bien parece favorecer a la generación hidroeléctrica”.
Su afirmación se basa en las variables que
determinarán la entrega de agua para riego, como la demanda media mensual de
los regantes “que fue definida de manera ficticia a partir de supuestos
errados, con tasas de riego que no corresponden a la realidad de la zona.
Además, las bases introducen factores de entrega, como la nieve acumulada, lo
que a fin de cuentas, significa que el caudal real aportado por el embalse,
será muy inferior al que se ha comprometido a transferir a los actuales
regantes”.
Actualmente, existen creca de 5 mil regantes
distribuidos en 53 organizaciones, las que forman parte de la Junta de
Vigilancia del río Ñuble, que en total poseen 21.221 acciones de derechos de
aprovechamiento de aguas. Los regantes que poseen estos derechos tendrán la
opción de comprar acciones mejoradas tipo “A” y suscribir un contrato de
regulación con la concesionaria del embalse, lo que les permitirá disponer de
un derecho de aprovechamiento adicional de aguas.
En ese sentido, el director de la Junta de
vigilancia, Martín Arrau García-Huidobro, desestimó las críticas y negó que el
caudal que se le entregará a los regantes será menor al comprometido.
“Al interiorizarse de las normas de operación
y bases de licitación, uno puede darse cuenta que, en primer lugar, este
proyecto no altera en lo más mínimo los actuales derechos de los regantes, los
que seguirán siendo entregados tal como se entregan hoy, adicionalmente, en la
operación del agua embalsada propiamente tal, se establece que la prioridad es
el riego, incorporando una serie de mecanismos de control en tiempo real y
auditoría, quedando como garante de esto un comité que incorpora al Ministerio
de Obras Públicas y a los regantes”, expuso Arrau.
Derechos actuales
Arzola sostuvo que “de acuerdo a la
inscripción de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, las 21.221 acciones tienen
derecho a un total máximo de 109 metros cúbicos por segundo, lo que representa
un máximo de 5,14 litros por segundo por cada acción. Sin embargo, en las bases
de licitación del embalse Punilla se definió como caudal preferente para los
actuales regantes un máximo de 95,7 m3 por segundo, lo que representa un máximo
de 4,5 litros por segundo por acción, debido a una determinación de la
Dirección General de Aguas (DGA), lo que vulnera derechos legítimamente
inscritos. Me preocupa que la Junta de Vigilancia no haya manifestado su
rechazo a esta disminución”.
En ese sentido, Arrau reconoció que
“efectivamente, hay una diferencia de un 12% entre el caudal máximo que los
regantes dicen tener y el que el Estado reconoce a los regantes, pero la verdad
es que ésta es una discusión de papel, y que no tiene mayores efectos
prácticos. La discusión sobre la capacidad máxima de porteo de agua de nuestros
canales es un dato de la causa, ya que una cosa es el número de caudal máximo
que reconozca el Estado, que puede ser 109 ó 95,7, pero en la práctica el río
Ñuble solo trae ese nivel de caudales en invierno o principio de primavera, que
es una época en la que la demanda o necesidad de riego no es máxima. En cambio,
en la época de máxima demanda de riego, que es a fines de diciembre, enero y
febrero, el río Ñuble solo trae caudales inferiores a los que estamos
discutiendo, por ejemplo de 64 m3/seg en enero y de 38 m3/seg en febrero”.
El directivo aclaró, además, que ese
diferencial no podría ser almacenado en el embalse para los regantes. “Esto
legalmente no es posible, ya que entre el embalse La Punilla y la zona de riego
existen derechos no consuntivos (de paso) para el proyecto de Hidroñuble que
deben respetarse”. Y agregó que “hay que recordar que el embalse La Punilla
opera y se llena, no con los actuales derechos de los regantes, sino con
derechos que hoy son del Fisco, que básicamente almacenan los grandes caudales
y crecidas de invierno, y los liberan en verano, por lo que el embalse opera
sin tocar ni intervenir los actuales derechos de los regantes, opera con otros
derechos totalmente diferentes”.
Demanda de agua
Otra crítica de Arzola es el cálculo hecho del
caudal medio mensual de las demandas de la Junta de Vigilancia, “las que son
ficticias y no responden a la realidad de la zona.
Esas demandas, que fueron utilizadas para
determinar la entrega de aguas por parte del embalse, fueron calculadas en base
a un estudio realizado en 2009 con una demanda de 10 mil m3 por hectárea
anuales para un total de 60 mil hectáreas, lo que no tiene relación con la
realidad, puesto que esos niveles de demanda se aplican a sistemas de riego con
alta eficiencia, como el goteo, que se usa en la fruticultura, pero no a otros
sistemas, como surco o tendido, que se usan en el maíz, el trigo o el arroz,
cuyos requerimientos oscilan entre los 18 mil y los 30 mil metros cúbicos por
hectárea anuales. Entonces, lo que están haciendo es proyectar una especie de
reconversión de cultivos o de sistemas de riego, eliminando la pradera,
reduciendo los cultivos tradicionales, entonces lo que veo es que quizá sea
mejor invertir en tecnificación de riego, de otra forma, no se podrá aprovechar
el agua del Punilla”.
En ese sentido, el profesional advirtió que
nuevamente el caudal máximo a entregar a los regantes se reduce, esta vez, de
4,5 litros por segundo, a 3,4 litros por segundo por acción.
En este punto, Arrau comentó que la afirmación
no es efectiva: la demanda de agua para riego que se utiliza en el proyecto,
que nace del Estudio de Modelación de SMI del año 2009 realizado por el
Ministerio de Obras Públicas, entre otros estudios, considera estándares y
metodologías totalmente normales para estimar la demanda según un mix de
cultivos promedio de nuestra zona, formas de riego de nuestra zona, además,
considera las pérdidas de conducción en los canales, etc.”.
Asimismo, recordó que “el valor de demanda de
agua por hectárea al que se llega cuadra perfectamente con las cifras que a uno
le enseñan, que validan los expertos y organizaciones internacionales. Para
mayor tranquilidad, estos datos y todas las reglas de operación del embalse
fueron revisadas no solo por varias empresas consultoras, sino que también fueron
validadas por asambleas de regantes o canalistas de cada uno de los canales del
río Ñuble, lo que además fue reafirmado por una asamblea de los representantes
de los canales del río Ñuble”.
Factor nieve
Pero Arzola advirtió que el caudal que
finalmente llegará a los canales será menor aún, ya que en las bases de
licitación se introduce el concepto de factor de entrega, con valores de 0,51 a
1,00, donde la principal variable a considerar es la cantidad de nieve
acumulada en septiembre de cada año. “Eso a mí me parece un contrasentido, ya
que la principal función de un embalse es precisamente asegurar agua cuando la
disponibilidad es menor, y todos sabemos que el río Ñuble depende de los
deshielos, entonces, si van a reducir la entrega de agua cuando haya menos
nieve, el embalse no tiene sentido”.
Consultado por este tema, Arrau manifestó que
“hay que entender hoy la única fuente de agua que tenemos para el riego en
verano, son las reservas de nieve y aportes de la alta cordillera, y que el día
que entre en operación el embalse, las fuentes de agua que tendremos para el
verano, seguirán siendo las reservas de nieve y los aportes de la alta
cordillera, más el agua embalsada, por lo que es evidente que para saber de
cuánta agua dispondremos para el verano, no basta solo mirar el nivel del embalse, sino que
debemos mirar cuánta nieve hay en la cordillera y sumarlo también. Quiero
recalcar que todas estas cosas no son cosas que se hayan inventado para este
caso particular del embase La Punilla, son metodologías ampliamente utilizadas
en otras cuencas a nivel mundial. Es importante también recalcar que estas
variables permiten también proyectar el embalse en el futuro y que
efectivamente durante todos sus años de explotación el resultado sea un 85% de
seguridad de riego a sus beneficiarios, no se puede consumir todo el recurso
este año, si no sé cómo será el comportamiento hidrológico del próximo”.
Distribución del agua
Ante el escenario de dudas, Arzola planteó que
no suscribiría las nuevas acciones, pero expresó su temor respecto de la
administración de las aguas para los actuales regantes, “dado que hoy no
existen los elementos técnicos para asegurar una adecuada distribución de las
aguas de acuerdo al tipo de acción. No se ha explicado cómo se dotará de la
infraestructura adecuada y del sistema técnico, hay sectores que están
preocupados por esto”.
Al respecto, Arrau afirmó que “efectivamente
en Chile, e incluso en cuencas vecinas, existen experiencias mediante las
cuales se distribuyen caudales de embalses y de cauces naturales sin mayor
impedimento. Sin duda que para hacer esto, dependiendo del caso, dentro de los
1.400 kilómetros de canales matrices y derivados y los más de 6.000
dispositivos de reparto y medición de nuestros regantes, puede ser posible que
sea necesario adaptar algunos elementos de distribución, por eso está
contemplado en el proyecto un aporte de fondos por parte del concesionario para
esto, estamos hablando de un aporte que podría alcanzar los 20 millones de
dólares para estas posibles adaptaciones, lo que además podría ser apoyado por
algunos instrumentos de fomento del Estado”.
Pago a la concesionaria
Un tema que plantea suspicacias entre algunos
regantes es el pago de 2 UF al Estado por la acción tipo “A” más 50 UF a la
concesionaria, por única vez, por
concepto de servicio de regulación, en circunstancias que dicho servicio
se prestará por los 30 años que dure la concesión, y si se quisiera pagar en
cuotas, éstas serán de 4,26 UF anuales, lo que multiplicado por 30, da un total
de 127,8 UF, una cifra bastante superior.
En opinión de Mario Arzola, esta situación
plantea dudas respecto de cuánto aportará el Estado por concepto de subsidios y
el rol de los regantes en el financiamiento de la obra.
Sobre este punto, Martín Arrau explicó que “si
bien las 52 UF es una cifra que implica un importante esfuerzo por parte de los
regantes, ya tiene un importante subsidio. Piense usted que el embalse solo
para riego, es decir, el taco, las compuertas y los costos ambientales
(descontando todo el tema de generación eléctrica, transmisión y otros) tiene
un costo estimado de 500 millones de dólares, y los regantes, con la compra de
acciones, aportan del orden de 40 millones de dólares, es decir un 7,9% del
costo de la obra”.
El directivo añadió que “el pago de una sola
vez es bastante más conveniente que en cuotas, esto se debe a que el
concesionario necesita los fondos para la construcción del embalse, por lo que
entiendo que por eso se estimula que el pago se haga de una sola vez, ahora bien,
independientemente está la opción de que en ocho a diez años más, cuando sea el
momento de realizar el pago, el Estado podría facilitar el financiamiento
especialmente de los agricultores más pequeños (...) éste es un tema a
desarrollar en esta década”.