Caso SQM: informe de la PDI cataloga a empresa de Eguiluz como una sociedad "de papel"


Fiscalía cuestiona pagos por $570 millones que el RN habría gestionado desde SQM.
En la diligencia que el 21 de julio instruyó la fiscal Carmen Gloria Segura a la Brigada de Delitos Económicos de Concepción, y cuyo fin era ubicar y tomar declaración del consejero regional, Claudio Eguiluz, figura el detalle de los montos que la fiscalía persigue en torno al ex vicepresidente RN.
Serían $570 millones los recursos que Eguiluz habría obtenido entre octubre de 2011 y febrero de 2014 de parte de la minera no metálica a través de la emisión de boletas de honorarios, facturas de su empresa y documentos emitidos por terceras personas.
En la instrucción particular despachada por Segura, se detalla que Eguiluz, emitiendo sus propias boletas como persona natural, habría recibido $ 125 millones (25 documentos por $5 millones cada una), mientras que por documentos emitidos por terceras personas (en total ocho contribuyentes), se pagaron en total $400 millones. Además se detalla que girando facturas desde su empresa Consultora KTZ Limitada, se recaudaron $45 millones
“Empresa de papel”
Respecto de esta última firma -y cuyos socios actualmente son sus hijos Joaquín, Claudio y María Josefa-, el fiscal Emiliano Arias además solicitó que la PDI del Biobío realizara pesquisas en torno a su infraestructura y dependencias. En las conclusiones vertidas en un informe, el subcomisario a cargo, Roy Medina, comunicó que “se sugiere establecer las condiciones de una posible empresa de papel, de la que no se logró establecer su ubicación”. Es más, dicen las conclusiones, “ni siquiera el mismo Joaquín Eguiluz, socio declarante e hijo de Claudio Eguiluz, supo señalar en sus dichos dónde se encuentra ubicada su propia empresa”.

En ese mismo informe, se menciona otra empresa de la cual Eguiluz sería socio, y se interroga a un socio minoritario, Iván Montecinos, quien a petición del RN -dice- se adjudicó el 0,1% de la firma. “A raíz de que me intentó ubicar la PDI en Chillán”, relata Montencinos, “llamé a Claudio Eguiluz para preguntarle por qué me estaban vinculando al caso”. “Me comentó que él se había acogido al derecho a guardar silencio y me pidió que hiciera lo mismo o que, a lo menos, hablara lo menos posible”. El socio de Eguiluz aseguró que no siguió su consejo y prestó declaración.
Entre las pesquisas instruidas por Arias, figura también un análisis de pertinencia y utilidad de los contratos celebrados, instrucción solicitada al actual vicepresidente de exploración de la minera, Daniel Jiménez.
En esta, se le exhibe al ejecutivo el contrato que SQM celebró con Eguiluz. Según el documento, el ítem por el cual fueron contratado los servicios del RN, se determina como “análisis de mercado sobre minerales en la zona”. Frente a esto, Jiménez señaló no conocer al proveedor ni el contrato, agregando que no existe “lo que pueda denominarse como un ‘mercado de minerales’”. Lo que podría existir -afirma el ejecutivo- “serían estudios geológicos en esa región, los cuales dirían relación con minerales no explotados”.
El vicepresidente, sin embargo, aseguró que SQM no ha tenido ni ha planificado operaciones de exploración en la región del Biobío.
Las pesquisas concretadas en Concepción, también arrojan conclusiones respecto de los emisores de boletas que la fiscalía vincula a Eguiluz. Algunos de ellos trabajan en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Al respecto, se detalla que todas sus declaraciones “son coincidentes en señalar que fueron favores realizados al imputado Christian Fuentes” y que, a su vez, éste las hacía por realizarle un favor a Eguiluz.
En relación a los emisores de boletas que no guardan relación con la Junji, “es preciso mencionar -dice el informe- que no guardan en su poder ningún elemento escrito, informe o respaldo alguno que le otorgue prueba de juicio y que les permita respaldar sus prestaciones o asesorías brindadas a la empresa Soquimich”.
La fiscalía solicitó a Eguiluz el levantamiento del secreto bancario de sus cuentas corrientes, con el fin de que el Ministerio Público -estipula la instrucción- pueda conocer los giros, depósitos, transferencias entrantes y salientes, y el nombre de los destinatarios y emisores de dichas transferencias. Todo de cara a la inminente formalización por delitos tributarios que el imputado podría enfrentar en las próximas semanas, luego de que Impuestos Internos se querellara la semana pasada en su contra.
por Paulina Toro


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