Caso Quemados: Someten a proceso a 7 ex militares por homicidio calificado


El ministro Mario Carroza ordenó que los ex uniformados quedaran detenidos por su responsabilidad en la muerte de Rodrigo Rojas.
A cambio del silencio, la institución nos proveyó de permisos y dinero, como una manera de continuar con esta mentira". Fernando Guzmán
Después de tres días de interrogatorios y careos, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, sometió ayer a proceso a siete militares en retiro.
Se trata de Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Julio Castañer, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo por homicidio calificado, además de Sergio Hernández en calidad de cómplice.
Todos ellos son responsables, según el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, de la muerte de Rodrigo Rojas de Negri y del homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana.
Ambos jóvenes fueron atacados por los militares, entonces activos, durante una jornada de manifestaciones el 2 de julio de 1986, en la comuna de Estación Central, en el denominado Caso Quemados.
"Los antecedentes que permiten tomar esta decisión están consignados en una resolución que después se entregará, esa es la información que ahora puedo darles", dijo ayer el magistrado tras anunciar su decisión.
Agregó que por ser ex militares y porque los delitos que cometieron se enmarcan en la justicia antigua "serán trasladados a una unidad militar hasta que se decida otra cosa". Puntualmente al Batallón de Policía Militar de Peñalolén, donde todos quedaron en prisión preventiva.
Carroza adelantó que la próxima semana continuará con las diligencias del caso, las que incluyen la toma de declaración de los 17 ex conscriptos que estaban en el lugar cuando se produjo el ataque.
Además, el magistrado dijo que no descartaba llamar a declarar al general (r) Santiago Sinclair, quien fue miembro de la Junta Militar, vicecomandante en jefe del Ejército y senador designado.
Pacto de silencio
El caso se reabrió luego de que el ex conscripto Fernando Guzmán —quien en 1986 estuvo en el lugar del incidente— rompiera el pacto de silencio que le habría impuesto el Ejército.
Según su declaración del 14 de noviembre de 2014, el ex conscripto reconoció que "a cambio de nuestro silencio, la institución nos proveyó de permisos y dinero, como una manera de continuar con esta mentira y mantenernos callados".
En su testimonio, Guzmán reveló que el fuego con que fueron quemados Rojas y Quintana "lo inició el teniente Castañer con un encendedor. Ambos se prendieron inmediatamente".
Tras la resolución adoptada por Carroza, la madre de Rodrigo Rojas, Verónica De Negri, instó a la Presidenta Bachelet a tener un "mayor compromiso político para cerrar Punta Peuco y terminar con los privilegios de los militares que cometieron delitos de lesa humanidad".
Por Fernando Duarte M.

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