En régimen, la
reforma tributaria aportaría recursos extras por US$8.300 millones, pero el
costo de la iniciativa que encabeza el ministro Eyzaguirre, supera los
US$13.000 millones, de acuerdo al cálculo de expertos.
Como ministro de
Educación, hoy Nicolás Eyzaguirre está sometiendo a prueba aquella regla,
estrenada cuando fue ministro de Hacienda del Presidente Ricardo Lagos. Esta
persigue mantener el equilibrio entre ingresos y gastos para que el fisco
contribuya al desarrollo económico sustentable en el largo plazo.
Mientras tanto, se
llegó al consenso político de que el gasto en educación debe ser prioritario.
De este modo, a partir de 2012 el Ministerio de Educación comenzó a concentrar
el mayor aporte presupuestario, entre todos los ministerios y reparticiones
descentralizadas del Estado, desplazando a partir de ese año al segundo lugar
del ránking de gastos a la cartera de Trabajo y Previsión Social, la cual se
hace cargo, entre otras cosas, del pago de las pensiones.
Un año antes, el
gobierno de Sebastián Piñera había creado el Fondo para Educación, con US$4.000
millones, provenientes del ahorro fiscal. Según datos de la Dirección de
Presupuestos, hoy este fondo acumula US$3.740 millones.
Los expertos
advierten que la reforma al sistema educacional que encabeza el ministro
Eyzaguirre no se encuentra financiada y que ello podría profundizar el déficit
fiscal. El problema se hizo más patente en los últimos meses, debido al menor
crecimiento del producto, lo que lleva inevitablemente a una menor recaudación
de impuestos.
Según el decano de
Economía y Administración de la Universidad Central, Roberto Castro, "no
tiene relación la forma en que se planteó este financiamiento con el hecho de
que haya un déficit efectivo de corto plazo, porque el Presupuesto de la Nación
se realiza sobre la base del crecimiento potencial de la economía y del precio
del cobre de mediano de plazo". Por lo tanto, sostiene que "de un
déficit de corto plazo no se podría desprender que no haya un financiamiento de
largo plazo".
El presupuesto
fiscal para este año considera un déficit efectivo de 1,9% del producto interno
bruto (PIB), equivalente a US$5.200 millones, pero las estimaciones revisadas
indican que éste subirá por sobre el 3% del PIB, cercano a los US$8.500
millones, cifra superior a los aportes que provendrían de la reforma
tributaria, aprobada el año pasado y que entrará en plena aplicación recién en
2018.
El ex ministro, del
gobierno anterior, y actual decano de Economía de la Universidad Mayor, Felipe
Morandé, sostiene que el Estado no cuenta con recursos suficientes para
implementar la reforma educacional, de la forma como la propuso el gobierno de
Michelle Bachelet. Agrega que la gratuidad en la educación cuesta cerca de
US$4.500 millones y que el nuevo estatuto docente tiene un presupuesto previsto
de US$2.300 millones en régimen.
"Si sumamos a
esto los costos de la llamada ley de inclusión escolar y el mayor gasto
comprometido en infraestructura y los gastos recurrentes que de ella se derivan,
los compromisos asumidos excederían los US$10.000 millones en régimen, cifra
que no es soportable ni con el magro crecimiento económico actual, ni con los
recursos extras que traería la reforma tributaria, a partir de 2018",
sostiene Morandé.
De este modo,
añade, "queda claro que este año ni el próximo, el país contará con los
recursos suficientes para solventar la reforma educacional, si no es a costa de
un mayor déficit fiscal".
Apoyo a carrera
docente
Manuel Sepúlveda,
director de Política Educativa de la fundación Educación 2020, dice que el fin
al lucro y el término del copago y de la selección sí apuntan a la calidad,
porque quitan incentivos subalternos que hoy persiguen muchos colegios con
financiamiento compartido, limitando el objetivo de los establecimientos de
entregar un mejor servicio. Esto es, concentrándose en su giro único, que debe
ser la educación.
Por otra parte,
Sepúlveda advierte que tal como hasta ahora ha sido enunciada la reforma,
faltan recursos para financiar el perfeccionamiento de la carrera docente y a
los US$2.300 millones o poco más estimados hasta ahora para este objetivo,
habría que sumar otros US$1.000 millones para mejorar la calidad de formación
de las carreras pedagógicas. Sostiene que hoy existen entidades de educación
superior que se dedican sólo a vender títulos de profesores y que por lo tanto
no están aportando calidad al sistema.
Por lo tanto,
"se requiere también una mayor regulación de la oferta y respecto de la
gratuidad que se propone para la educación superior, uno tendería a creer que
ésta no debiera ser para todas las instituciones, tal como están, porque
primero debieran estar acreditadas y garantizar calidad formativa porque, de lo
contrario, estaríamos desperdiciando recursos".
En este mismo
sentido, el representante de Educación 2020 sostiene que en medio del panorama
de desregulación que hoy ofrece la educación superior "no está claro, por
ejemplo, a qué destinan exactamente los establecimientos el cobro de aranceles
a los estudiantes". Agrega que este es un tema muy complejo que es
necesario aclarar, como también los cálculos financieros que implican los
distintos ámbitos de la reforma.
Dice que, en
general, se han lanzado estimaciones, con alusiones de cifras "del orden
de", pero que no existe claridad del gasto proyectado, en este caso
cercano a los US$8.650 millones, en una primera fase. Esta estimación se
compone de los US$1.692 millones previstos para implementar el fin al lucro,
del copago y de la selección en los colegios subvencionados; US$2.458 millones
para la carrera docente; y US$4.500 millones para otorgar gratuidad en la
educación superior.
Otros gastos
En tanto, quedan
afuera de aquella sumatoria los gastos para cumplir con el compromiso del
actual Gobierno de crear dos nuevas universidades estatales (en las regiones de
O'Higgins y Aysén) y de cinco centros de formación técnica en regiones no
especificadas. Por otra parte, faltan las platas para crear una nueva
institucionalidad educacional, desde el nivel de la enseñanza prebásica, hasta
la superior que incluye una nueva superintendencia, pasando por el traspaso de
establecimientos que están en manos de las municipalidades, a una suerte de
agencias de educación regionales.
Por lo tanto, el
costo total de la reforma superaría los US$12.990 millones (ver tabla).
El decano Roberto
Castro explica que si se toma en cuenta que el déficit fiscal es coyuntural,
tanto porque el precio del cobre ha bajado y también porque el ritmo de
crecimiento es menor, "el país ya superó la condición de soportar políticas
públicas permanentes con recursos fluctuantes". Conforme a ello, dice, el
año pasado se aprobó la reforma tributaria, que permite estructurar un
presupuesto sólido, con el objetivo de financiar "gastos permanentes con
recursos permanentes", lo cual a su juicio va en la línea de mantener en
el largo plazo la regla de superávit fiscal estructural.
Castro sostiene que
si la economía del país recupera su nivel de crecimiento potencial y con la
reforma tributaria operando normalmente, "la reforma educacional contará
con los recursos necesarios".
La autoridad
académica reconoce que aún no existe claridad sobre la cobertura de la reforma
y que no hay una versión final de ésta. Por lo tanto, dice que "pareciera
estar en una construcción permanente, dado que, además, se han ido sumando más
demandas".
Por Hugo
Traslaviña