Hoy los apoderados
utilizan la denuncia y las demandas como medio para solucionar conflictos con
los establecimientos escolares de sus hijos.
Hace un mes, tres
estudiantes de octavo básico del Colegio Bertait de La Dehesa se enfrentaron a
golpes. Uno de ellos terminó en la UTI con fractura nasal y un ojo con lesiones
importantes. El colegio aún no logra resolver el conflicto. No el de la pelea,
sino el que se originó con ella.
A pesar de que el
reglamento del establecimiento dice que la agresión física puede provocar la
expulsión inmediata, los alumnos fueron reintegrados y quedaron condicionales.
Quieren darles una oportunidad. “Somos un establecimiento formativo, no un
juzgado”, dice René Barba, secretario general del lugar.
Nicole Mengin, la
mamá del niño que terminó en la clínica en cambio, no está contenta. Quería que
los echaran y dice que el colegio ha abandonado a su hijo, quien tiene miedo de
volver a clases. Considera que la institución “no da garantías de que esto no
vuelva a ocurrir” y por eso hizo una denuncia en la Superintendencia de Educación
y está evaluando presentar un recurso de protección.
Tatiana Torres, en
cambio, ya pasó por tribunales. Amparada en la ley Zamudio, denunció al Colegio
Santísima Trinidad por discriminación porque no recibió a su hija en segundo
básico. Ella misma la había sacado de ahí porque se iba de la ciudad, pero
volvió a los dos meses. El colegio le dijo que no iban a aceptar a la niña de
vuelta porque ella no estaba casada con su pareja. La Corte de Apelaciones
exigió que la reintegraran. Pese a que Tatiana ganó, finalmente la puso en otro
lugar: “Hubiera sido irresponsable dejarla en un colegio que siempre tuvo una
actitud hostil”, dice.
En la comuna de la
Florida, en tanto, un jefe de laUnidad Técnico Pedagógica (UTP) de un colegio
particular subvencionado cuenta que el año pasado expulsaron a un estudiante de
segundo medio por problemas reiterados de disciplina. La familia puso una
denuncia y finalmente el colegio prefirió reincorporarlo a cambio de que
retiraran la demanda. “Mejor es morderse la lengua porque las multas son
significativas”.
Tal como muestran
estos casos, hoy no es infrecuente que los padres recurran a la
Superintendencia de Educación o vayan a los tribunales de justicia a resolver
conflictos con los colegios, una actitud que está obligando a estos
establecimientos a repensar sus relaciones con estudiantes y apoderados.
La evidencia
En los últimos
siete años, las denuncias al Ministerio de Educación y luego a la
Superintendencia aumentaron un 65 por ciento: si en 2008 eran 7.298, el año
pasado se registraron más de 12 mil. Estas son de distinto tipo, incluyen
asuntos laborales y las que hacen profesores o sostenedores de los colegios,
pero quienes más se acercan son los padres, cuyos reclamos representan el 56
por ciento de las solicitudes ingresadas en 2014. ¿Las razones más comunes?
Maltratos a estudiantes (tanto entre alumnos como de parte de adultos), la no
renovación de matrícula, las medidas disciplinarias (como la expulsión) y la
discriminación.
El Poder Judicial,
por su parte, no lleva un registro del número de denuncias contra colegios, sin
embargo, Rodrigo Díaz, quien es abogado de la Federación de Instituciones de
Educación Particular (FIDE) hace 20 años, dice que la primera vez que supieron
de un recurso de protección a nombre de un escolar fue en 1986. Durante los 90
hubo pocos casos. Pero a partir de 2006, con la “revolución pingüina”, el
escenario cambió: “Antes uno veía unos 12 recursos de protección contra
colegios particulares al año. Ahora fácilmente tienes 200. La mayoría, por
hijos que fueron expulsados”, dice.
Eso también tiene
que ver con que existen legislaciones nuevas que directa o indirectamente les
dan más herramientas a los padres, como la Ley de Violencia Escolar, que entre
otras cosas, les pide a los colegios que tengan un reglamento interno que
regule la convivencia y establezca protocolos y sanciones para las faltas.
También la ley Zamudio que desde 2012 ha comenzado a ser utilizada por los
padres en su relación con los colegios: en 2013 hubo 433 denuncias realizadas
por discriminación por déficit atencional y hace menos de un mes se dio a
conocer un fallo que determinó que el colegio Nuestra Señora del Huerto de
Quillota, en la Región de Valparaíso, había marginado a un niño con ese
diagnóstico al dejarlo con matrícula condicional y sin la posibilidad de
acceder a evaluaciones diferenciadas, tal como lo exige la ley.
Hay otro tipo de
leyes, como la de Responsabilidad Juvenil, que obliga a los colegios a
denunciar actos delictivos en los que incurren sus alumnos, que han generado un
ambiente escolar más legalista donde se ha pasado de un discurso pedagógico a
uno donde hay un protocolo para todo, comentan Eric Carafi y Jaime Retamal,
ambos académicos del departamento de Educación de la U. de Santiago.
Además de eso,
actualmente hay mayor fiscalización, partiendo por la creación de la propia
Superintendencia de Educación en 2012, y los padres están más empoderados. “La
denuncia es un miedo latente porque uno está acostumbrado a un contexto
formativo. Hoy hay que manejarse en términos judiciales que no tienen nada que
ver con la educación”, dice Enzo Bonomo, orientador del Instituto O´Higgins de
Rancagua.
El caso más
conflictivo
Dentro de todos los
temas que pueden tensionar la relación con los colegios, el más complicado es
el de las expulsiones o cancelación de matrícula.
Aunque la ley lo
permite (ver recuadro) esta es una medida extrema que hoy tiene más
restricciones y de hecho ha habido casos en que la justicia ha obligado a
reintegrar a los alumnos. Pasó en un colegio subvencionado de Puente Alto.
Según su directora, los problemas comenzaron en segundo básico y se les pidió a
los apoderados y al estudiante que asumieran compromisos. Pero no los cumplían,
así como tampoco terminaron los tratamientos con especialistas. “Había una
negación por parte de los padres de la dificultad de su hijo. Al menos en dos oportunidades
recomendamos cambio de ambiente escolar, pero de una u otra forma llegó a
octavo básico con las mismas dificultades, ampliadas y con una comunidad curso
lastimada: hay ocasiones que por
ayudar a un estudiante con
dificultades de convivencia, por ejemplo, se pone en riesgo el bien común de
los otros”. Entonces lo echaron, los padres denunciaron al colegio y se
solicitó reitegrarlo. Los papás tuvieon que comprometerse a cumplir con las
solicitudes que les habían hecho. De lo contrario a final de año el colegio
podría volver a pedirles que se fueran. De acuerdo a la directora, fue lo que
ocurrió porque no hubo cambios.
Como este es un
tema espinoso, los colegios han creado estrategias para reducir los riesgos o
“suavizar” la salida forzada de un alumno. El abogado Díaz comenta que hay
colegios que les cierran el año antes a los estudiantes que echan para que
puedan postular a otros establecimientos o hasta los ayudan a buscar cupo en
otro lugar. Otro recurso, más cuestionable, es que no quede registro de la
expulsión. El jefe de UTP del colegio en La Florida cuenta el caso de un alumno
que fue acusado de robo reiteradamente. “Le preguntamos a los padres si
preferían sacarlo o que fuera expulsado por robo. Una salida voluntaria. De
alguna forma se hace para evitar la demanda. Si la hacen, tenemos el resguardo
de que fue el apoderado quien lo retiró”.
Pero en general, lo
que más están haciendo los colegios es formalizar sus procedimientos de tal
modo que las medidas no puedan ser interpretadas como arbitarias y estén
consignadas.
El debido proceso
Una profesora de un
colegio del sector oriente explica que cuando supo que una apoderada la había
denunciado por sus métodos disciplinarios no supo qué hacer. “Fue tan
infartante que me dejé llevar por la asesoría de los abogados que contrató el
colegio”. Aunque fue absuelta, desde entonces cambió su forma de trabajo.
“Ahora soy mucho más cautelosa porque
los papás pueden usar algo en tu contra”.
Su caso no es
aislado, sino que algo que se ha empezado a institucionalizar. Los colegios han
avanzado hacia fórmulas que hacen las relaciones con los estudiantes y con los
apoderados menos espontáneas o familiares pero que a la vez las ordenan.
Por ejemplo,
Rodrigo Ketterer, secretario general de Conacep, comenta que por temor a
acusaciones relacionadas con abuso, algunas educadoras de párvulo se están
negando a mudar a los niños. En general, dice, los profesores prefieren
mantener la distancia y tener relaciones menos afectivas con los alumnos.
Por otro lado, en
muchos centros ya no se les da feedback a los padres en el pasillo, sino que
sólo en reuniones oficiales. Hay establecimientos que piden que en éstas haya más
de un funcionario como testigo. Otros, que todo lo conversado quede por escrito
y que padres y profesores consignen los acuerdos a los que se llegaron.
Algunas escuelas lo
hacen incluso tras una conversación telefónica: dejan consignados los temas
tratados en un correo para que quede constancia. “Es un respaldo, pero también
permite esclarecer que comprendimos lo mismo”, explica una directora de un
colegio particular de Las Condes. Es lo que algunos llaman la cultura del
registro.
La promulgación en
2011 de la Ley de Violencia Escolar obligó además en muchos casos a actualizar
los reglamentos y aclarar el “debido proceso”, un término legal que profesores
y directivos han tenido que aprender y cuyo objetivo es garantizar
procedimientos justos, transparentes y de acuerdo a la ley. Hubo colegios que
tuvieron que desempolvar esos manuales y ponerlos al día incluso con asesoría
legal, un trabajo que según Carafi,
también consultor en esta materia, fue arduo. En 2008 analizó los
instructivos de 15 establecimientos y se encontró con que el 80 por ciento
transgredía más de un derecho. “Cuando pedíamos los manuales, nadie sabía dónde
estaban. Era un documento que hasta ese
entonces nadie pescaba”, dice. Ni hablar de la actualización: un
establecimiento de Estación Central prohibía los personal stereo y las poleras
satánicas. “Tenía por lo menos 15 años”, agrega.
Actualmente es
común encontrar estas normas en las páginas web de los establecimientos. Estos
dicen que la mejor forma de prevenir son las reglas claras y una buena
comunicación y que toda esta renovación les ha permitido ir rayando la cancha.
Sin embargo, lograr
consenso y reglas que dejen a todos contentos no es sencillo y hay ocasiones en
que sus propias reglas les juegan malas pasadas o de manos atadas. Por ejemplo,
Lorena Duarte, directora de la Escuela de Lenguaje de la Merced de Santiago
Centro, dice que están evaluando si agregar la expulsión. “En casos de
violencia es difícil manejar la convivencia sin esa salida. Los otros padres
quieren que nosotros echemos a los niños que agreden a sus hijos, nosotros
decimos que no podemos”.
La sentencia
El 80 por ciento de
las denuncias que llegan a la Superintendencia no terminan con sanciones. El
resto resulta en infracciones leves, graves y menos graves que tienen una multa
que puede ir desde 1 UTM (43.499 pesos) hasta mil UTM (más de 43 millones de
pesos).
María Isabel
Toledo, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales
y que se ha especializado en estos temas, cree que las sanciones tienen un
efecto negativo. “El colegio debe concentrarse en educar y no en pagar multas.
El Estado no puede aplicar normas que si no se cumplen se transformen en plata
porque también es un mensaje controversial”, dice.
La Corte de
Apelaciones, o la Suprema, también pueden exigir el pago de una multa. En el
caso de una expulsión, cuando el fallo es a favor de los padres, y se ordena la
reintegración de un alumno, el abogado de Fide, Rodrigo Díaz, dice que en
general es producto de formalismos: “Cuando se pierden no es porque hay un
derecho a la educación que se transgrede,
sino porque no se ha cumplido el debido proceso. Hay colegios que aún no
incorporan la cultura del registro. En vez de expulsar por escrito, lo hacen
verbalmente. Ahí ya no pueden apelar”.
Una directora de un
colegio subvencionado de Puente Alto opina que nadie gana con las demandas. “Es
mucho tiempo invertido en una labor investigativa del hecho que nos aleja del
tema central: el aprendizaje. Pasamos de ser docentes a ser detectives”, dice.
El superintendente
de Educación, Alexis Ramírez, por el contrario, cree que la fiscalización está
inhibiendo las malas prácticas “antes y después del conflicto” y que falta una
autocrítica de parte de los colegios: “La principal queja que hacen los
apoderados, es que los establecimientos a veces no los escuchan o no realizan
esfuerzos para superar el problema. Debieran tomar las quejas como una
oportunidad para mejorar y no como una recriminación”.
La pregunta que
nace entre los especialistas es si se puede construir una relación entre
apoderados y colegios más centrada en la confianza. Jaime Retamal, experto en
educación y clima escolar, cree que sí. De hecho una buena oportunidad es la
marcha blanca del Sistema de Aseguramiento de la Calidad que, entre otras cosas, mide el clima y
convivencia en los colegios, el que, tal como quedó demostrado en la reciente
entrega de los resultados Simce que incluyó esta variable, es un elemento que
influye positivamente en el rendimiento escolar. “Esta medición provocará un
giro en las prácticas de los profesores y directores en favor de una educación
más integral y democrática. Los colegios tendrán que equilibrar su
sobredimensionado interés por el SIMCE y asumir un estilo educativo preocupado
por el desarrollo moral y cívico”.
Una directora de un
colegio de Las Condes dice que un buen clima escolar contribuye a una menor
judicialización de los conflictos porque en un ambiente que promueve la
confianza no es necesario buscar una salida fuera del colegio. “El gran
problema que le veo a la judicialización es la incapacidad de resolver a través
del diálogo. Sería bueno preguntarnos por qué hemos perdido esa capacidad como
sociedad”, concluye.
¿Se puede expulsar
a un estudiante?
Muchos directores
hoy se cuestionan si pueden o no expulsar alumnos, dicen Eric Carafi y Jaime
Retamal, ambos profesores del departamento de sicología de la Usach dedicados a
estos temas. “Existe la idea de que no es legal, porque a veces los obligan a
reintegrarlos”, agrega Carafi.
De acuerdo a la
normativa, los colegios pueden no renovarle la matrícula a un estudiante por
problemas conductuales, pero es considerada una medida extrema y la última en
aplicar. Además, el problema que origina la expulsión debe estar consignado en
el reglamento, se debe seguir el “debido proceso” y el alumno debertener
derecho a pedir revisión del hecho. Retamal agrega que los directivos dicen que
tienen las manos atadas y que la ley les hace mucho más difícil la expulsión.
Es importante
aclarar que un establecimiento no puede cancelar la matrícula por problemas con
los padres. Según la Ley General de Educación, eso es discriminación arbitraria
contra el alumno. Cuando hay problemas entre el apoderado y la institución, una
alternativa es que cambie el apoderado, opción que también debe estar incluida
en el reglamento. En el caso de los colegios que reciben aportes del Estado, le
ley agrega que no pueden discriminar por el cambio de estado civil de sus
padres y que tampoco los subvencionados pueden cancelar la matrícula por
rendimiento escolar a alumnos de entre prekínder y sexto básico. Y expulsar a
alguien durante el año por razones de notas también está prohibido para
cualquier tipo de colegio.
En los zapatos de
Lorena
Un efecto menos
esperado de la ley Zamudio es que les ha abierto una puerta a los padres que
tienen niños con necesidades especiales. “Para nosotros, encontrar un colegio
privado es una odisea. Con esta ley, lo que antes podía ser como capricho de
colegio, ahora puede ser discriminación”, dice Patricio Medina, director de la
Fundación Amasperger.
Lorena Zenteno
decidió usarla y demandó a los colegios Verbo Divino y Manquehue, a los que
acusa de que no la dejaron ni siquiera postular
a su hijo que tiene síndrome de Down, para ingresar a los colegios en
2017. “En el Verbo Divino me dijeron que no podía ni siquiera postular porque
los cupos estaban llenos con hermanos de alumnos, y en el Manquehue, porque
tenían prioridad las familias del colegio”, explica y agrega: “Presenté un
recurso de protección contra ese colegio y el Manquehue porque fueron los que
dieron respuestas más arbitrarias, aunque en este último fueron más acogedores
y estamos en conversaciones con sus abogados para llegar a un acuerdo y que se
le reconozca a mi hijo el derecho a postular en 2016 si es que hay vacantes”.
Desde el colegio
Manquehue afirman que sólo recibieron una consulta por correo electrónico sobre
el proceso de 2017, el cual “para las
familias nuevas comienza recién a fines de febrero del próximo año. Dicho
correo nunca rechazó una postulación”.
En el email de respuesta que recibió Lorena, una funcionaria del establecimiento
le afirma que están haciendo ajustes internos en el proceso de integración y
que por eso “nos estamos abriendo primero a nuestra comunidad, es decir a
hermanos de nuestros estudiantes, para luego seguir avanzando”.
El recurso fue
declarado admisible y posiblemente se vea la semana que viene. En el informe
presentado por el Verbo Divino dice que no ofrece cupos para alumnos con
necesidades educativas especiales, salvo que sean hermanos de los niños que ya
son estudiantes. El colegio contestó que “la demanda fue presentada por una
persona que no es apoderada. Actualmente es un tema que está siendo visto en
tribunales y donde el colegio actuó de acuerdo con sus procedimientos
habituales de admisión”.
Lo que a Lorena le
interesa es que el tema se discuta. “No
puede ser que no tener un hermano sea una barrera más de entrada para mi hijo.
De todas formas, con mi marido vamos a ir a Suiza donde él nació, para ver cómo
es la integración, quizás sea una alternativa si mi hijo no queda en ningún
colegio. Si tomamos esa opción, me parecería irreal tener que irme de mi país
porque no existe una real inclusión educativa para los niños Down”.
Noelia Zunino /
23/05/2015