Rechazan que plantas se completen
con personal penquista u otras zonas.
El proyecto de ley que propondrá
la creación de la Región del Ñuble y que la Presidenta Bachelet se comprometió
a enviar antes del 31 de diciembre al Congreso, además de definir la división
del nuevo territorio administrativo (tres provincias y sus capitales),
contendrá el dato cuantitativo de la planta funcionaria que se requerirá para
implementar la institucionalidad pública ñublensina, que necesita intendencia,
gobernaciones, seremías y direcciones regionales de servicios públicos, entre
otras.
A pesar que la Subsecretaría de
Desarrollo Regional (Subdere) ha sido en extremo hermética en adelantar el
número de empleados que propondrá el cuerpo legal que llegará al Parlamento,
estimaciones previas de la mesa provincial de la Asociación Nacional de
Empleados Fiscales (ANEF) indican que inicialmente se necesitará de al menos
400 funcionarios para la puesta en marcha de la nueva región.
“Es lo mínimo y buscaremos que
las plantas queden en manos de los funcionarios locales que poseen una dilatada
trayectoria en los distintos servicios en Ñuble”, advierte Jorge del Pozo
(PRSD), concejal de Chillán Viejo y presidente provincial de la ANEF.
Por ello, anticipó que sugerirán
a la gobernadora Lorena Vera (MAS) y al senador Felipe Harboe (PPD), crear una
mesa de trabajo conjunta para abordar los mecanismos a través de los cuales se
irán completando las plantas funcionarias.
En ellas, además de buscar que
queden conformadas por funcionarios residentes en la actual provincia por sobre
empleados públicos penquistas o de otras zonas del país, se intentará el
traspaso a planta de aquellos administrativos que actualmente están a contrata,
u honorarios.
“Vamos a entregar sugerencias
respecto a las personas que tienen que integrar los servicios y las condiciones
en las que tienen que trabajar para asumir el desafío de implementar la nueva
región”, agrega el edil chillanvejano.
El objetivo de la ANEF es que la
nueva región sea una plataforma para que se cumplan las normativas legales
respecto al porcentaje de funcionarios de planta: 80% y 20% a contrata.
“Es vox populi que actualmente
eso no se cumple y se contraviene la legislación vigente. Por eso, daremos la
pelea para que tampoco se abuse de los empleados a honorarios cuando Ñuble sea
una región”, dice Del Pozo.
Según estimaciones de la ANEF,
entre un 12% a 15% de los cerca de 2.500 funcionarios públicos (Gendarmería,
Fonasa, INP, Serviu, Vialidad, etc.) de la provincia prestan servicios al
Estado vía honorarios.
En 2007, cuando se creó la Región de Los Ríos, la Subdere
calculó inicialmente en 400 los puestos laborales que se iban a necesitar.
“Finalmente 62 instituciones públicas necesitaron de una dotación de 841 nuevos
funcionarios”, cuenta el diputado Iván Flores (DC), quien fue delegado
presidencial y posteriormente primer intendente de Los Ríos.
En la zona valdiviana, se contempló un total de 155 funcionarios,
entre las plantas fijadas en la ley 20.174 (Gobierno Regional, Servicio de
Gobierno Interior, Servicio Electoral y Ministerio Público) y los DFL (Decreto
con Fuerza de Ley) que aprobaron cargos directivos, seremis, jefes de servicios
públicos y jefes de departamento.
DISCUSIÓN PARLAMENTARIA
El presidente regional Cordillera de la DC, Carlos Arzola,
posteó ayer que durante el Consejo Nacional falangista, el subsecretario de
Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, anunció que la “discusión” del proyecto
ñublensino comenzará después del debate por la reforma al sistema electoral
binominal. Con ello, el plan de autonomía quedaría sujeto a la fecha que se
apruebe esa reforma. El Gobierno espera sea antes del 31 de enero.