Los más de 45 mil documentos
encontrados en un búnker en 2005, tampoco guardan información trascendente
sobre personas, dirigentes políticos o sociales que hayan colaborado en los
crímenes.
Las más de 45.000 fichas
encontradas en 2005 en un búnker secreto de la Colonia Dignidad, en el sur de
Chile, carecen de información relevante sobre las violaciones a los derechos
humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Tampoco guardan información
trascendente sobre personas, dirigentes políticos o sociales que hayan
colaborado en los crímenes o conformado una red de apoyo del enclave alemán,
aseguró hoy a Efe Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH).
"En lo que hemos revisado no
hay nombres de gente conocida públicamente que pudiesen haber colaborado en los
crímenes, ayudistas o de alguna red de apoyo a la Colonia Dignidad, pese a que
es una suposición que ha dado vueltas desde hace tiempo en la comunidad de
derechos humanos", precisó Fries.
La colonia Dignidad fue fundada
en 1961 por el exsuboficial nazi Paul Schaefer y se convirtió en un enclave que
llegó a funcionar como "un Estado dentro de otro Estado", según el
expresidente de Chile, Patricio Aylwin.
Durante la dictadura de Augusto
Pinochet (1973-1990), el lugar, situado a unos 380 kilómetros de Santiago, fue
usado por la policía secreta como campo de prisioneros y de tortura y hay
antecedentes probados de presos hechos desaparecer desde el predio, de 16.000
hectáreas.
Las fichas fueron halladas en
2005 en tres contenedores ocultos en un búnker subterráneo en el que además se
guardaba un poderoso arsenal, que incluía ametralladoras de alto calibre,
cañones antiaéreos y misiles, además de armas químicas y potes de veneno.
Paul Schaefer murió en 2010 en la
cárcel, tras ser condenado a casi treinta años de prisión por violación y
abusos sexuales contra más de una veintena de niños y por transgresión a la ley
de armas y explosivos.
El pasado abril el juez especial
Jorge Zepeda, a cargo de la investigación, entregó al INDH un disco compacto
que contiene 46.000 archivos, lo que desató entre los familiares de víctimas y
organizaciones de derechos humanos esperanzas de conocer información clave sobre
el destino de los desaparecidos.
La entrega de las fichas siguió a
varios años de incertidumbre y de críticas al juez Zepeda por haber mantenido
estos documentos bajo estricto secreto durante casi nueve años.
Lorena Fries aseguró a Efe que
los documentos "se harán públicos una vez que finalice su análisis por
parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos".
Su destino será el Museo de la
Memoria, que concentra toda la información disponible sobre los crímenes
ocurridos en Chile durante régimen militar, precisó.
Según Fries, las fichas contienen
información muy dispersa. "Da la impresión de que no fueron construidas
con un criterio de inteligencia, sino más bien de ir acopiando información de
muy distintos tipos", explicó.
"Hay fichas de prisioneros
que sólo contienen su nombre y filiación política; otras entregan información
acerca de cómo se produjo su detención y los lugares por donde pasó",
dijo.
Hay fichas que recopilan
declaraciones de organismos internacionales vinculados a los derechos humanos;
muchos recortes de prensa; algunos nombres de "amigos" de la Colonia
Dignidad; listas con nombres de dirigentes sociales y políticos, "y hasta
diez archivos con letras de canciones", puntualizó.
También hay información cifrada,
con palabras clave en alemán o siglas correspondientes a instituciones
chilenas, continuó Fries, que aseguró desconocer si los archivos contenidos en
el disco corresponden al total de las fichas encontradas.
"Tampoco sabemos si esos
archivos se nos entregaron tal como fueron encontrados, o si el juez dispuso
que se ordenaran de otra manera, y por lo tanto podría faltar información que
el juez consideró mejor no entregar, por ser material que puede ayudar a
identificar personas que pudiesen haber contribuido a cometer crímenes", añadió.
Una traba que tiene el INDH para
hacer públicos los documentos son las leyes chilenas que protegen la vida
privada de las personas, explicó Fries.
"Las barreras que tenemos
son la Ley de Protección de Datos Personales y de Acceso a la Información
Pública, que establecen la necesidad de entregar información pero tachada
respecto de datos de filiación política, ideología, y otros de la vida privada
de las personas", precisó.
"Por eso estamos separando
la información, pero dentro de la óptica de que estos documentos tienen que
hacerse públicos", sostuvo y aseguró que por el momento están entregando
el máximo de información a las organizaciones de derechos humanos que tienen
mandato respecto de víctimas.
También a los familiares que
acuden a pedir fichas con información sobre sus víctimas, añadió y reveló que
el INDH está requiriendo más recursos del Estado para acelerar el trabajo de
análisis de la documentación.