Durante la audiencia realizada este miércoles en el Juzgado de Garantía de Chillán, el Ministerio Público negó la solicitud de la defensa del edil, que buscaba una suspensión condicional del procedimiento como salida alternativa al juicio. La Fiscalía declinó dicha posibilidad, argumentando la gravedad de los hechos imputados.
Toro ha sido formalizado en dos oportunidades por el delito de exacción ilegal, luego de que se acreditara que entre 2018 y 2019 solicitó $50.000 a al menos 170 vecinos del sector Los Aromos Sur, en San Nicolás. El pago era exigido como requisito para acceder a sistemas de agua potable rural, pese a que los proyectos estaban completamente subsidiados por el Estado.
La denuncia sostiene que este patrón se repitió en otros comités APR de la comuna, y que no existe claridad sobre el destino de los fondos recaudados, ni certeza de que hayan ingresado a las arcas municipales. Este modus operandi fue calificado como una vulneración directa a la justicia y a la dignidad de las personas.
El abogado querellante, Juan Pablo González, valoró la decisión del Ministerio Público:
"Es importante que no se haya ofrecido la salida alternativa, lo que muestra un compromiso con la justicia y con quienes más necesitan. Seguiremos aportando antecedentes para que Toro Leiva responda ante los tribunales."
Según González, la defensa del alcalde buscaba evitar el juicio, sin embargo, al no concederse esta vía, se espera que al término del nuevo plazo el fiscal formule acusación formal, lo que iniciaría el proceso judicial correspondiente.
El plazo adicional de un mes permitirá a los querellantes y al Ministerio Público incorporar más diligencias. La expectativa es robustecer el caso con nuevos antecedentes y testimonios que refuercen la tesis de cobros arbitrarios y sin autorización.
La comunidad afectada ha manifestado su indignación, recordando que los proyectos APR son iniciativas de alto impacto social, diseñadas para mejorar la calidad de vida en zonas rurales. La supuesta exigencia de pagos extra por parte del jefe comunal ha sido vista como un abuso de poder y una falta grave a la ética pública.
En el transcurso de la causa se ha recabado evidencia documental y testimonial que apunta a que las prácticas del edil habrían sido sistemáticas, lo que refuerza la decisión de continuar con la vía judicial y no cerrar anticipadamente el proceso.