Fiscales suman casi mil casos de DDHH contra general de Carabineros
NACIONAL. - La defensa del alto mando de Carabineros, encabezada por los generales Ricardo Yáñez y Mario Rozas, junto al exsubdirector de la institución, Diego Olate, buscaba aplazar su formalización debido al incremento de casos de omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social de 2019, que pasaron de 400 a 1.386. Sin embargo, la Fiscalía rechazó la solicitud y la audiencia del 7 de mayo se mantiene como inminente.
Estrategias legales en juego
Las defensas de los altos mandos policiales solicitaron una audiencia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para tomar conocimiento de todos los casos por los cuales serán formalizados el próximo 7 de mayo. Argumentaron que la carpeta investigativa ha aumentado considerablemente, generando un total de 1.386 causas.
Cargos enfrentados por el alto mando de Carabineros
Los generales de Carabineros enfrentan cargos por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante las manifestaciones del estallido social de 2019.
Reacciones y próximos pasos
La fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, y el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, asistieron a la audiencia de cautela de garantía, donde la jueza Isabel Correa actuó a favor de la Fiscalía.
Argumentos de la defensa y replicación del fiscal
Los abogados de los generales solicitaron conocer en detalle los hechos por los cuales se les imputa el delito omisivo, dada la amplia cantidad de causas. Sin embargo, el fiscal Armendáriz replicó que los hechos objeto de investigación serán informados el mismo día de la audiencia de formalización.
Decisión de la jueza
Tras escuchar a ambas partes, la jueza Isabel Correa no accedió a la solicitud de la defensa, lo que implica que la audiencia de formalización se llevará a cabo según lo programado.
En conclusión, la defensa del alto mando de Carabineros no logró aplazar la formalización programada para el 7 de mayo, a pesar del aumento de casos en la carpeta investigativa. La decisión judicial representa un paso adelante en el proceso de investigación de los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.