NACIONAL.- (interferencia.cl).- Ante la Cámara de Diputados, el Ministerio que dirige Cristián Monckeberg no ha entregado ninguna explicación técnica que permita saber las razones de estas alzas automatizadas y unilaterales que sucedieron durante el mes de mayo, ni su impacto.
La subsecretaria Alejandra Candia dice que las familias pueden corregir, pero eso tarda entre 30 y 45 días. INTERFERENCIA conoció ocho casos al detalle.Hasta marzo, el fotógrafo Tomás Brito y su pareja lograban, con dificultades, llegar a fin de mes. Los ingresos que les generaba su tienda en la feria artesanal de El Quisco permitían pagar arriendo y alimentar a su hija de seis años. Pero, la pandemia los obligó a cerrar y, desde ahí, no han logrado generar sustento alguno.
De tal modo, durante los últimos 12 meses los miembros de la pareja boletearon tres veces; por $50 mil, $59 mil y $350 mil. Con ese dato acudieron al Registro Social de Hogares (RSH) -sistema manejado por el Ministerio de Desarrollo Social- para poder obtener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), buscando acreditar su complicada situación socioeconómica.
“Estábamos rechazados. No te miento, nos desesperamos y nos pusimos a llorar”, dice Brito. Para el RSH, ellos cuentan con un ingreso superior a 500 mil pesos, lo que los deja sin poder acceder a los $100 mil correspondientes al IFE. ¿La razón? Su RSH fue modificada de forma automática y unilateral el 25 de mayo a la 1:20 am, sin que se le informara. “Fui a alegar a la municipalidad y me dijeron que por haber hecho boletas yo era un trabajador formal”, dice Brito respecto a una explicación que no tiene ningún sentido.
INTERFERENCIA tuvo acceso a la documentación del Registro Social de Hogares de ocho familias distintas, las que mostraron tanto la ficha que llenaron inicialmente como la modificada automáticamente por el sistema. La comparación de ambos documentos, además de los testimonios de los entrevistados, dan cuenta de que el ingreso familiar formal que se les está asignando automáticamente -y que los imposibilita de acceder al IFE al situarlos sobre el 40% más vulnerable- es notoriamente superior al que reciben efectivamente, si es que reciben alguno.
En la mayoría de los casos revisados por este medio, la ficha había sido modificada durante la madrugada del 25 de mayo, al igual que le ocurrió a Brito.
Además, este medio conversó con otra docena de personas que denunciaban la misma situación, pero que no pudieron acceder a la RSH llenada por ellos mismos ni tampoco a la RSH que les fue modificada, dado que no sabían cómo hacerlo.
Estos testimonios se suman a cientos de reclamos realizados en redes sociales durante el martes 16 de junio, todos de un tenor similar: denunciando que su RSH había sido modificada y que aparecían con ingresos superiores a los reales, quedando fuera de la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia.
El caso va a la política
Este martes 16 de junio, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados sesionó hasta pasadas las once de la noche para votar sobre el ingreso de emergencia que anunció el presidente Sebastián Piñera hace unos días.
Durante la sesión de la Comisión, varios diputados consultaron reiteradamente por casos de personas que habían revisado su registro social de hogares y que sus datos de ingresos mensuales aparecían modificados unilateralmente, con lo que quedaban excluidos del beneficio.
Ante la pregunta, el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, dio la palabra a la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.
“Respecto al tema del cambio arbitrario de la clasificación socioeconómica, vuelvo a insistir que estamos anclados en un sistema de Estado, no de los gobierno de turno no más. Este sistema tiene ya cinco años, y efectivamente lo que se va incorporando es información de los procesos administrativos", afirmó Candia ante los legisladores, sin referirse a qué "información de los procesos administrativos" se refiere.
"Y si bien la clasificación socioeconómica se alimenta de los registros administrativos, la última palabra siempre la tiene la persona, siempre la tiene la familia. Esto no es producto de la emergencia, por eso si hay personas que les aparece un ingreso que no tienen, la persona puede rectificarlo, siempre puede cambiar su situación y lo cual hoy día se hace aún más pertinente. Podemos revisar el caso a caso, las situaciones, siempre estamos disponibles a conversar los casos con ustedes, en general esto no se hace arbitrariamente”, complementó la autoridad respecto de un trámite que habitualmente tarda entre 30 y 45 días.
Tras horas de debate, finalmente la Comisión aprobó en general el proyecto de ley que permite la entrega del ingreso de emergencia. Sin embargo, no todos los diputados quedaron conformes.
“Fue absolutamente insuficiente la respuesta de la subsecretaria, porque claramente el índice de emergencia está actuando como verdadero colador. Está quedando mucha gente afuera. Ellos están hablando de 2.100.000 personas, potenciales beneficiarios, pero de acuerdo de las fichas del registro social de hogar, son 5.200.000 personas, es decir están quedando más de tres millones fuera, que se están haciendo la ilusión de que van a recibir este apoyo y no va a ser así”, afirmó a INTERFERENCIA el diputado Jaime Naranjo (PS), quien ofició a Contraloría durante la tarde de este martes para que investigara el cambio de los datos del registro social de hogares.
Exclusión a través de ingresos fantasma
Para Norton Fuentes, empleado de una empresa de aseo que gana alrededor de 500 mil pesos mensuales y que debe hacerse cargo de una hija y su expareja, “está claro que los registros fueron manipulados, no tengo necesidad de mentir al respecto”. Según la actualización de su registro, él tendría un ingreso de más de un millón de pesos.
La misma frustración siente Claudia Celedón, madre de cuatro hijos, dueña de casa, quien vive en Alto Hospicio. Su familia depende del salario del marido, que es obrero de la construcción, quien gana alrededor de 250 mil pesos mensuales. Sin embargo, cuando revisó su ficha esta semana para acceder a los beneficios de la emergencia sanitaria, en su ficha se informaba que tenía ingresos por sobre los 600 mil pesos y que su hogar ya no estaba entre los más vulnerables. Su ficha había sido modificada en la madrugada del 25 de mayo.
“Yo antes sí he recibido beneficios, como el de los bonos. Pero esta vez no, por lo que usted podrá darse cuenta, no soy la única con este problema. Me parece que es un fraude. Este beneficio está truncado. Y los nuevos datos son falsos”, afirma Celedón.
Jonathan Gaete, director ejecutivo de fundación Diversifica, que trabaja con familias migrantes vulnerables en Chile, afirma que han recibido, desde hace tres semanas, muchas denuncias por este tipo de modificaciones en el registro social de hogares. Todos relacionados con supuestos aumentos en los ingresos familiares. Incluso, tres de estos casos los vio en su propia familia.
“Yo llevo siendo trabajador social los últimos ocho años y nunca me había topado con una modificación unilateral, de revisar una cartola y que la persona no haya cambiado nada. No me había topado con tantos casos a la vez que se modificaran y de manera tan rápida, porque recordemos que el registro social de hogares demora entre 30 a 45 días en modificarse, como trámite. Que se modificara de manera tan rápida, me parece, por lo menos, sospechoso” opina Gaete.
Con la fundación Diversifica, Gaete afirma que llevan desde el 20 de mayo ingresando datos al registro social de hogares de familias migrantes, a través de la plataforma web y de las municipalidades. Afirma que en general, “las familias migrantes quedan en el 60% de la población más vulnerable”, por el nivel de trabajos y salarios a los que acceden. Sin embargo, conoce casos recientes de familias donde su registro fue modificado, con ingresos altos, a pesar de que sus integrantes están cesantes. Gaete cree que en este tipo de casos, es difícil que esas familias actualicen sus datos o corrijan estos en el registro.
“Es difícil que las personas modifiquen esos datos o presenten una denuncia, porque muchas de ellas no tienen acceso a internet o no manejan bien esas herramientas”, agrega.
Tomás Brito, cerca del final de su testimonio, confiesa una última preocupación: “Cuando fui a alegar a la municipalidad había una fila de abuelitas, creo que ninguna debe tener computador. Todas ellas estaban por lo mismo, por la modificación a su registro. ¿Qué solución irán a tener ellas?”.
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