Dentro del mes de marzo los concejales de San Carlos deberán declarar cuáles son sus actividades laborales,
profesionales y económicas como también sus actividades gremiales o de beneficencia, sean o no remuneradas, incluidas las realizadas en los doce meses anteriores a la fecha de asunción del cargo.
A estos se agregan los bienes inmuebles situados en el país o en el extranjero. Además prohibiciones, hipotecas, embargos, litigios, usufructos, entre otros.
La declaración de intereses y patrimonio también comprenderá los bienes de los hijos sujetos a la patria potestad del declarante y los de las personas que este tenga bajo tutela. La declaración de los bienes del hijo sujeto a patria potestad, que no se encuentren bajo la administración del declarante, será voluntaria.
El 5 de enero pasado fue publicada en el Diario Oficial la Ley de Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses (20.885). La nueva legislación, además de elevar los parámetros de transparencia, extiende el rango de autoridades y funcionarios que deben realizar declaraciones de patrimonio e intereses y endurece multas y sanciones para quienes incumplan la normativa.
En ese sentido, en su artículo 4 se especifica que entre otras autoridades, los alcaldes, concejales y consejeros regionales deben actualizar estos datos de manera anual durante el mes de marzo. De esta forma una vez que entre en vigencia la ley, debe estar listo este nuevo reglamento.
Hasta ahora los concejales se regían bajo un decreto de fuerza de ley que se efectuaba cada cuatro años y que solo los obligaba a presentar su declaración de intereses.
La declaración la deberán formular los concejales: Mario Sabag Couchot (DC), Lucrecia Flores Rodríguez(PS), Héctor Guzmán Vázquez (RN); Roberto Tapia Pinela (Indep.); Sergio Ruiz Aedo (RN) y César Ortiz Gallegos (UDI)
Al igual que altas autoridades, ediles tendrán que incluir bienes y los de su familia.