Jueves 19 Octubre 2017

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Designación controvertida

Escribe: Mario Arzola Acuña. La designación de Javiera Blanco para ocupar un cargo de consejera en el Consejo de Defensa del Estado, ha provocado

severas críticas de parte de vastos sectores de la ciudadanía. Tal vez la más relevante sea aquella proveniente de la Asociación Nacional de Abogados del CDE, entidad que al cuestionar el nombramiento a través de carta enviada a la Presidenta Michelle Bachelet, ha señalado: "Los consejeros deben ser destacados abogados litigantes, con un vasto conocimiento y experiencia ante tribunales de justicia. Es deber de los abogados consejeros asumir personalmente la defensa judicial de aquellas causas de mayor relevancia para el país".

Trayectoria profesional de Javiera Blanco

La información pública indica que la trayectoria profesional de Javiera Blanco no se caracteriza por su experiencia en litigios, sino que su carrera ha estado encauzada en la actividad política y académica.

En funciones públicas ha desempeñado los cargos de Subsecretaria de Carabineros, en el primer gobierno de la actual Mandataria y en esta segunda administración, Ministra del Trabajo y Ministra de Justicia. De ninguno de estos cargos se le conocen actuaciones relevantes de su parte o aportes significativos, sino que más bien su nombre ha quedado en el recuerdo por las crisis que debió enfrentar en varios organismos dependientes de la última cartera que desempeñó, incluyendo, un paro de los trabajadores del Registro Civil e Identificación que se prolongó por un período sin precedentes en organismos públicos con las consiguientes consecuencias y perjuicios para los usuarios; los problemas en el padrón electoral del mismo Organismo; el escándalo de las abultadas pensiones de funcionarios de alto rango de Gendarmería; el informe por los menores fallecidos al interior de centros del Sename; su intervención directa ordenando la contratación de cuatro funcionarios por Gendarmería para que trabajaran en otra repartición, acto que ha sido representado por la Contraloría General de la República por constituir una irregularidad, ordenando a la vez dejar sin efecto las designaciones, por lo cual debieron ser desvinculados de los cargos que desempeñaban después de cumplir prácticamente un año en funciones remuneradas con recursos fiscales.

De sus gestiones en cargos públicos, la ciudadanía no le conoce resultados que pudieren otorgarle carácter satisfactorio a su experiencia en esas instancias.

Las explicaciones de la designación

Resulta muy poco convincente las explicaciones de la Presidenta para defender la polémica designación, señalando que la experiencia de la profesional nominada para el cargo sería un importante aporte para el Consejo.

Si bien se reconoce las facultades que posee la Presidenta para efectuar este tipo de designaciones, no es menos cierto que estas facultades deben ejercerse con fundamentos, sapiencia y prudentemente; en este caso a la luz de los antecedentes que existen, es fácil advertir que la designación ha sido, a lo menos, desacertada.

Tampoco pasa inadvertido las bondades del cargo: duración hasta los 75 años de edad, no requiere dedicación exclusiva, compatible con el libre ejercicio de la profesión y un nivel de remuneraciones nada despreciable. Si a eso se suma la cercanía y amistad que reconoce la ciudadanía entre Javiera Blanco y la Presidenta en consideración a que ejerció la vocería de la Mandataria durante su campaña electoral, se configura un conjunto de elementos que alientan la suspicacia sobre esa decisión, y adoptada en el corazón de la institucionalidad de la Administración del Estado afecta con más fuerza la credibilidad y la fe pública en las autoridades que ejercen cargos públicos, causando un profundo daño a la democracia.

Mario Arzola Acuña
Constructor Civil PUC